En un comunicado difundido el martes, el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) calificó la medida de “una peligrosa escalada” y “un nuevo crimen” contra los prisioneros palestinos.
El grupo afirmó que la ley “revela la naturaleza vengativa y racista del sistema de ocupación” y acusó al régimen israelí de intentar “legalizar el asesinato de prisioneros y convertir los tribunales en herramientas de venganza y abuso”.
La legislación fue aprobada el lunes por el parlamento israelí tras superar la segunda y tercera lectura, y contempla la creación de un tribunal militar especial para miembros de lo que Israel denomina la “fuerza de élite” de HAMAS.
El ministro israelí de justicia, Yariv Levin, declaró el domingo que la ley otorgará plena autoridad para dictar condenas a muerte. Según el diario israelí Yedioth Ahronoth, la normativa constituirá la base jurídica para procesos judiciales sin precedentes.
HAMAS sostuvo además que las “facultades excepcionales” otorgadas a los tribunales militares, incluida la posibilidad de eludir normas habituales de procedimiento y pruebas, reflejan el alejamiento de Israel de “los estándares de justicia y de los juicios justos”.
El movimiento calificó la legislación como “una flagrante violación de todas las leyes y convenciones internacionales”, en particular de los Convenios de Ginebra y del derecho internacional humanitario.
Asimismo, advirtió que la ley representa un intento de Israel de “eludir futuros acuerdos de intercambio de prisioneros”, al excluir explícitamente de cualquier eventual liberación a los detenidos tras la guerra israelí contra Gaza.
HAMAS pidió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la Corte Penal Internacional (CPI) y a las organizaciones internacionales humanitarias y de derechos humanos que actúen urgentemente para impedir la aplicación de la ley y exigir responsabilidades a los dirigentes israelíes por lo que describió como crímenes continuados contra los presos palestinos.
Israel sostiene que los palestinos detenidos durante la guerra en Gaza pertenecen a HAMAS, aunque muchos de ellos no han sido sometidos a juicio hasta la fecha.
Según organizaciones de derechos humanos, más de 9600 prisioneros palestinos —incluidas mujeres y menores— permanecen recluidos en cárceles israelíes, donde enfrentan torturas, hambre y negligencia médica que habrían provocado decenas de muertes.
Organizaciones palestinas e israelíes de derechos humanos condenaron la legislación como una violación flagrante del derecho internacional, argumentando que transforma el proceso judicial en un espectáculo político diseñado para lograr condenas masivas.
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