“La suspensión israelí de numerosas organizaciones humanitarias en Gaza es escandalosa”, ha afirmado este miércoles el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en una declaración oficial en respuesta al anuncio de Israel de prohibir la labor de decenas de ONG en el enclave palestino a partir del 1 de enero.
Türk ha advertido que estas decisiones “arbitrarias” agravan una situación ya “intolerable” para la población de Gaza y ha instado a los Estados, en especial a aquellos con influencia sobre el régimen israelí, a exigir de manera urgente un cambio de rumbo que permita la entrada de ayuda humanitaria sin obstáculos.
Además, ha recordado además que, conforme al derecho internacional, Israel está obligado a garantizar los suministros esenciales para la vida diaria en Gaza, lo que incluye “permitir y facilitar la ayuda humanitaria”. El alto comisionado ha denunciado que esta medida se suma a un patrón de restricciones ilegales, como la prohibición israelí contra la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) y los ataques contra ONG palestinas e israelíes.
La reacción del jefe de Derechos Humanos de la ONU se produce después de que Israel anunciara que 37 organizaciones de ayuda humanitaria —entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF), Oxfam, el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), World Vision International y CARE— no podrán operar en Gaza si no facilitan información detallada sobre su personal palestino.
El régimen israelí ha indicado que estas organizaciones se niegan a entregar listas de empleados palestinos porque algunos de ellos estarían vinculados a movimientos como el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) y ha asegurado que el plazo para cumplir con los nuevos requisitos expira a la medianoche del miércoles.
Israel ha señalado específicamente a Médicos Sin Fronteras, alegando que dos de sus empleados pertenecerían a los grupos palestinos Yihad Islámica y HAMAS, acusaciones que, según las organizaciones humanitarias, forman parte de una campaña más amplia de restricciones a la ayuda internacional.
La medida ha generado preocupación entre países europeos y organizaciones internacionales, incluyendo la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en los Territorios Palestinos Ocupados, Amnistía Internacional (AI) y los ministros de Asuntos Exteriores de Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Japón, Noruega, Suecia, Suiza y el Reino Unido, quienes han advertido sobre el impacto negativo que tendrá en la ya crítica situación humanitaria en Gaza.
La responsable humanitaria de la Unión Europea, Hadja Lahbib, ha subrayado este miércoles que esta normativa no puede aplicarse “bajo su forma actual” y ha recalcado que “la ayuda debe llegar a quienes la necesitan”.
Aunque el acuerdo de alto el fuego iniciado el 10 de octubre contemplaba la entrada de 600 camiones diarios, solo entre 100 y 300 transportan ayuda humanitaria, según denuncian las ONG y Naciones Unidas. Mientras tanto, el organismo del Ministerio de Defensa israelí asegura que entran en Gaza unos 4200 camiones de ayuda a la semana, una cifra cuestionada por las organizaciones humanitarias sobre el terreno.
Desde la entrada en vigor de la tregua entre HAMAS e Israel, las autoridades israelíes han impuesto restricciones a la ayuda humanitaria vital, negando a los palestinos desplazados bienes esenciales y alojamiento temporal en medio de duras tormentas invernales.
El régimen israelí, aprovechando el vacío generado por la falta de coordinación internacional y la ausencia de presión efectiva de los organismos mundiales, busca consolidar su control indirecto sobre Gaza; un control que, junto al mantenimiento del bloqueo y la obstrucción de la reconstrucción de infraestructuras, podría conducir a una separación permanente.
Desde octubre de 2023, Israel ha causado la muerte de 71 266 palestinos y ha dejado 171 222 heridos en Gaza, según las autoridades del enclave.
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