Qadri Abu Bakr, jefe de la Comisión Palestina de Asuntos de Detenidos y Exdetenidos, ha informado este miércoles sobre las amenazas de las autoridades penitenciarias israelíes contra los prisioneros palestinos, en caso de negarse a poner fin a su huelga de hambre indefinida, iniciada hace meses en protesta por su reclusión bajo el polémico formato de detención administrativa.
El funcionario palestino, en sus declaraciones a la cadena libanesa Al-Mayadeen, ha expresado que se necesita del apoyo y la atención de toda la sociedad palestina, así como de las instituciones internacionales, para forzar al régimen de Israel a liberar a los presos palestinos.
Ha denunciado que varios detenidos palestinos en la prisión de Hadarim se han enfrentado últimamente a brutales ataques de las fuerzas israelíes, lo que ha dejado a los prisioneros en huelga sin otra opción que seguir adelante con su demanda hasta la libertad o la muerte.
La agencia de noticias oficial palestina WAFA informó el domingo que el estado de salud de dos prisioneros palestinos se había deteriorado después de meses de huelga de hambre contra la llamada detención administrativa del régimen de Tel Aviv.
Funcionarios palestinos indican que el prisionero Jalil Awawdeh, de 40 años, sufre dolores de cabeza, fatiga, visión borrosa, dolor en las articulaciones, latidos cardíacos irregulares, vómitos frecuentes y una pérdida significativa de peso.
Según el Club de Prisioneros Palestinos, Awawdeh fue trasladado de la prisión de Ramle a un hospital israelí por su mal estado de salud esta semana luego de 100 días de huelga.
El servicio penitenciario de Israel traslada a los presos palestinos a hospitales en su 50.º día de huelga de hambre, pero en el caso de Awawdeh se negó a hacerlo y adujo que solo sería hospitalizado si entraba en coma.
Otro caso urgente es del preso palestino Raed Rayyan, de 27 años, que lleva en huelga de hambre durante 67 días. También se dice que sufre graves complicaciones de salud.
Según WAFA, más de 4500 prisioneros palestinos se encuentran actualmente recluidos en unas 17 cárceles israelíes. De esa cifra, unos 450, entre ellos mujeres y menores, están sujetos a la detención administrativa, que establece permanecer en prisión sin ningún proceso judicial hasta seis meses, un período que puede extenderse un número infinito de veces.
Los grupos de derechos humanos, a su vez, describen la aplicación de la detención administrativa por parte de Israel como una “táctica en bancarrota” y han pedido, aunque en vano, durante mucho tiempo a Israel que ponga fin a esta práctica.
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