La demanda civil conjunta contra el juez del Tribunal Supremo de España ha sido interpuesta este martes ante la Justicia belga por el destituido presidente autonómico catalán, Carles Puigdemont, desde Alemania; en Bélgica por los exconsejeros Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig, y en Escocia por Clara Ponsatí.
“Tenemos la certeza de que el proceso judicial que se sigue en España vulnera nuestro derecho a un juez imparcial, independiente, a un proceso justo y a la presunción de inocencia”, ha informado Comín.
Por su parte, Puigdemont ha denunciado que Llarena —encargado de investigar el llamado caso Procés (proceso soberanista de Cataluña)— “actúa sin imparcialidad y guiado por motivaciones políticas”.
De acuerdo con los abogados del destituido presidente de la Generalitat de Cataluña, esta demanda fue presentada en función a unas declaraciones que hizo Llarena a la prensa en Oviedo (norte de España) el pasado 22 de febrero, en las que afirmaba que Oriol Junqueras y el resto de exconsejeros que están en prisión “no son presos políticos”.
Tenemos la certeza de que el proceso judicial que se sigue en España vulnera nuestro derecho a un juez imparcial, independiente, a un proceso justo y a la presunción de inocencia”, ha informado el exconsejero de la Generalitat Toni Comín en alusión al juez Pablo Llarena.
“Emitió una opinión antes del juicio y fuera de los tribunales y por tanto prejuzgó”, ha subrayado Paul Bekaert, uno de los abogados de Puigdemont, quien cree que las afirmaciones de LIarena “no estarían cubiertas por la inmunidad judicial”.
Ante esta medida, un tribunal belga ha citado al juez Llarena el próximo 4 de septiembre, aunque no es obligatorio que declare personalmente en Bruselas (capital belga).
Al presentarse por la vía civil, la demanda de los políticos catalanes no reclama penas de cárcel para el magistrado, sino que Llarena pague una multa “simbólica” de un euro para “reparar el daño causado”.
Puigdemont fue detenido en Alemania el pasado 25 de marzo en virtud de una euroorden emitida por el Tribunal Supremo de España, por la presunta comisión de delitos de rebelión y malversación de caudales públicos durante el proceso independentista catalán.
Sin embargo, a principios de abril el Tribunal de Schleswig-Holstein decidió su puesta en libertad provisional tras no apreciar indicios suficientes para extraditar a Puigdemont a España por un delito de rebelión.
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