“Estos ataques en Venezuela y sus alrededores carecen de fundamento legal, incluyendo ataques que, según informes, han causado la muerte de civiles”, destacó el martes la AI, en un comunicado, después de que el Ejército de EE.UU. informara la misma jornada que, durante una serie de ataques llevados a cabo el lunes en aguas del Pacífico y el Caribe, destruyó tres embarcaciones, asesinando al menos a 11 personas.
La nota de la Amnistía Internacional advirtió que la continua y descontrolada acción militar de EE.UU. podría provocar “más pérdidas de vidas y graves violaciones de derechos humanos”.
La oenegé instó al Congreso de EE.UU. a proporcionar supervisión para garantizar que se protejan los derechos humanos y que los responsables rindan cuentas.
11 more people killed, bringing the total to more than 140 dead.
— Amnesty International USA (@amnestyusa) February 17, 2026
This murder spree is unconscionable and illegal.
Congress must do more to rein in this administration's lawless actions.
Please take action now: https://t.co/XTRxBlVNDN https://t.co/pIRBmeKo8C
Desde principios del pasado septiembre, EE.UU. empezó una serie de ataques contra embarcaciones en el Caribe bajo pretexto de lucha contra narcotráficos y hasta el momento al menos 145 personas han perdido sus vidas por dichas acciones.
Pese a que el presidente de EE.UU. alegó que su país está en “conflicto armado” con los cárteles en América Latina, los organismos de derechos humanos han cuestionado la legalidad general de los ataques, calificándolos de “ejecuciones extrajudiciales”.
A finales de octubre, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció al Gobierno de Estados Unidos por “violar el derecho internacional” con sus ataques aéreos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.
La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha calificado a los muertos como “combatientes ilegales” y ha señalado la capacidad de ejecutar ataques letales sin procedimientos judiciales debido a una decisión clasificada del Departamento de Justicia.
El Gobierno estadounidense ha presentado públicamente pocas pruebas de que los muertos en sus ataques contra embarcaciones estén afiliados a cárteles de la droga o que cada una de las embarcaciones transportara estupefacientes.
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