El Comando Sur de Estados Unidos confirmó el lunes que, por orden del secretario de Guerra Pete Hegseth, se ejecutó un bombardeo contra una embarcación en aguas internacionales del Pacífico oriental. El ataque, realizado con drones armados, dejó dos personas muertas y fue presentado oficialmente como parte de la operación “Lanza del sur”, que busca “expulsar a los narcoterroristas de nuestro hemisferio”.
Diversos analistas y organizaciones de derechos humanos han advertido que estas operaciones podrían constituir violaciones del derecho internacional. La ausencia de procesos judiciales y la clasificación automática de las víctimas como “narcoterroristas” generan preocupación sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza y la falta de transparencia en la rendición de cuentas.
CNN, canal de televisión estadounidense, reportó que, además de los ataques marítimos, EE.UU. habría extendido sus operaciones a tierra firme, destruyendo instalaciones portuarias en Venezuela presuntamente vinculadas al narcotráfico. Fuentes citadas por el medio señalaron que incluso la CIA habría participado en acciones encubiertas con drones, sin ofrecer detalles verificables.
Nuevo ataque aéreo de EEUU contra embarcación deja dos muertos
— HispanTV (@Nexo_Latino) December 30, 2025
EE.UU. bombardeó una embarcación en el Pacífico oriental, causando la muerte de dos tripulantes, en el marco de su ofensiva militar contra presunto narcotráfico. pic.twitter.com/RmkdyU9FT8
La estrategia estadounidense, basada en ataques letales sin supervisión internacional ni evidencia pública, abre un debate sobre la legitimidad de estas acciones. Lo que se presenta como lucha contra el narcotráfico corre el riesgo de convertirse en una política de ejecuciones sumarias en alta mar y en territorio extranjero, con consecuencias graves para la estabilidad regional y el respeto al derecho internacional.
Desde agosto, EE.UU. mantiene un amplio despliegue aeronaval en el mar Caribe cerca de las costas venezolanas, por lo que ha descrito operaciones contra el narcotráfico. En este marco, ha destruido más de 30 supuestas lanchas y asesinado a unas 104 personas; sin embargo, informes alertan que ninguna de las personas asesinadas representaba una amenaza inmediata que justificara el uso de fuerza letal.
El pasado 10 de diciembre, Washington incautó también el buque sancionado ‘Skipper’ y confiscó el crudo que transportaba. Días después, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un “bloqueo total y completo” contra “todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela”, al acusar al país sudamericano de “robar el petróleo de EE.UU.”.
Mientras tanto, Caracas ha rechazado la incautación de los petroleros, calificando la medida de “robo y secuestro”. Ha reafirmado que estos actos no quedarán impunes y ejercerá todas las acciones correspondientes, incluyendo denuncias ante el Consejo de Seguridad de la ONU, otros organismos multilaterales y gobiernos de todo el mundo.
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