En su fallo, publicado el viernes, la jueza federal Nancy Torresen calificó la orden ejecutiva como una violación inconstitucional de la libertad de expresión.
“La orden ejecutiva parece restringir la libertad de expresión sustancialmente más de lo necesario para lograr ese fin”, escribió.
Al respecto, recalcó que la orden ejecutiva prohíbe ampliamente cualquier servicio basado en la expresión que beneficie al fiscal, independientemente de si esos servicios beneficiosos se relacionan con una investigación de la CPI sobre Estados Unidos, Israel u otro aliado de Estados Unidos.
La CPI y la Casa Blanca no han respondido a este acontecimiento y se negaron a responder a las solicitudes de comentarios.
Trump promulgó en febrero sanciones contra el fiscal Karim Jan, acusándolo de usar la corte como una herramienta contra las autoridades israelíes, en concreto, el primer ministro Benjamín Netanyahu y su ministro de asuntos militares Yoav Gallant.
Tras dicha orden, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al fiscal en la lista de entidades e individuos sancionados.
Según la orden de Trump, los ciudadanos estadounidenses que presten servicios en beneficio de Jan u otros individuos sancionados podrían enfrentar sanciones civiles y penales, que han sido condenadas por la CPI y decenas de países.
El 20 de mayo de 2024, Jan solicitó formalmente órdenes de arresto contra Gallant y Netanyahu por crímenes contra la humanidad, incluido la hambruna en Gaza y los ataques contra poblaciones protegidas. Seis meses después, el tribunal emitió órdenes de arresto contra dichas personas.
La decisión de la jueza Torresen surge tras una demanda interpuesta en abril por dos defensores de los derechos humanos contra la orden de Trump.
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