Por: Sheida Eslami *
En vísperas del 47.º aniversario de la victoria de la Revolución Islámica, y a pocas semanas de los acontecimientos terroristas ocurridos los días 8 y 9 de enero de 2026 en Teherán y otras ciudades iraníes, la revisión histórica ofrece una nueva perspectiva para quienes buscan analizar los hechos a partir de sus orígenes y de sus similitudes históricas.
En este contexto, rememorar el crimen atroz cometido por el último gobernante de la dinastía Pahlavi durante el llamado “Viernes Negro” (septiembre de 1978) resulta más esclarecedor que cualquier otro episodio. Esto se debe a que, más allá de constituir un mero ejercicio académico, el estudio de la historia es una necesidad analítica para comprender la naturaleza de las transformaciones sociales.
En el caso que nos ocupa, separar los eventos de enero de 2026 de su contexto histórico genera una imagen incompleta y engañosa: una imagen que, como hemos visto en los últimos días, los aparatos de propaganda occidentales intentan construir al reducir la “violencia” a “protesta”, el “terror” a “disidencia” y la “masacre” al “costo inevitable del cambio”.
Al revisar la tragedia del 8 de septiembre de 1978 (17 de Shahrivar de 1357 del calendario persa) y enumerar indicadores de comportamiento similares o contrastantes de instigadores y perpetradores extranjeros y expatriados, se busca demostrar que en ambos eventos se repite un patrón: el uso de la violencia y la confrontación directa junto con la guerra cognitiva y la ingeniería narrativa.
Lo ocurrido a comienzos de enero de 2026 no constituyó una erupción repentina de violencia; fue el resultado de una operación que, ante todo, se inició en el ámbito de la mente y de la percepción.
A los operativos engañados se les aseguró que el “príncipe” estaba en camino. Se les instruyó a confiar en el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump y del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, y a creer que la caída de la República Islámica era inminente.
Promesas de dinero, armas y apoyo extranjero los transformaron en soldados rasos de una campaña de guerra urbana terrorista, cuyas raíces y orígenes foráneos —pese a los esfuerzos por borrar rastros— eran incuestionables.
Apenas unos días después del inicio de las protestas en el bazar de Teherán, líderes entrenados y coordinadores vinculados al extranjero ordenaron el inicio de operaciones al estilo de Daesh, y el conflicto dejó de ser una protesta laboral o económica: el escenario se convirtió en un campo de batalla.
Una guerra en la que desnudar a personas, decapitarlas, amputarles las manos, abrir cuerpos con hachas y espadas, disparar a cabezas y ojos, quemar a la gente viva, atacar a niños y ancianos, y destruir autobuses, escuelas, mezquitas, bibliotecas e incluso ambulancias y camiones de bomberos, se convirtió en herramientas de la llamada “lucha por la liberación”.
Infographic: The Death Toll and Destruction from Recent Foreign-Backed Riots in Iran
— Press TV 🔻 (@PressTV) January 26, 2026
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Sin embargo, antes de que aparecieran cócteles molotov y armas de fuego en las calles, la operación principal ya había comenzado en el frente de la guerra cognitiva. Esta ya no es un concepto abstracto o futurista: constituye una realidad operativa en la geopolítica contemporánea.
En este tipo de guerra, la batalla no se libra por territorios o recursos, sino por las mentes, las creencias y, en última instancia, la voluntad colectiva. Las narrativas diseñadas pueden desatar ríos de sangre en las calles, porque en este campo de batalla la verdad es la primera víctima.
En enero de 2026 surgió un intento organizado de asesinar la percepción del público, de modo que, mediante la inversión de los hechos, la omisión de partes de la realidad y la amplificación de relatos fabricados, la violencia armada pudiera redefinirse como “protesta”.
El patrón y sus precedentes
Este patrón tiene antecedentes. La historia de la interacción entre la nación iraní y un frente compuesto por contrarrevolucionarios expatriados, Estados Unidos, el régimen israelí y sus aliados europeos, está repleta de ejemplos que evidencian que la enemistad actual de Occidente y del sionismo es la continuación de la hostilidad pasada: ejercida por los mismos actores y marcada por las mismas contradicciones conductuales; únicamente cambian las palabras, que cada vez adoptan un disfraz distinto.
Para comprender esta continuidad, resulta esencial examinar dos momentos históricos clave: el 17 de Shahrivar de 1357 (8 de septiembre de 1978) y los atentados terroristas de enero de 2026.
Estos dos puntos de inflexión revelan una similitud estructural en la estrategia de ejercer el poder mediante la masacre y ponen al descubierto las mentiras de los remanentes del régimen Pahlavi y de sus gestores y organizadores. Este régimen selló medio siglo de dominación sobre Irán con la sangre del pueblo, incluso en los últimos meses de su existencia, durante el año de la Revolución Islámica.
La tragedia del 8 de septiembre de 1978 no fue un mero incidente de seguridad; fue una operación planificada destinada a alcanzar un “punto de quiebre psicológico” en la opinión pública. El régimen Pahlavi, con el objetivo de quebrar la voluntad colectiva, decidió aplicar violencia máxima en un lapso reducido.
En los días previos a septiembre de 1978, en medio de la turbulencia de los acontecimientos que condujeron a la Revolución Islámica, el régimen comprendió que el Imam Jomeini, como líder religioso carismático que articulaba los fundamentos políticos del islam, se había convertido en la verdadera voz del pueblo.
Las manifestaciones continuas en distintas ciudades —en un país de poco más de 30 millones de habitantes en aquel entonces, donde solo en Teherán el número de participantes alcanzó hasta un millón— indicaban un movimiento irreversible.
Esta situación obligó al régimen a modificar su estrategia. En consecuencia, el 27 de agosto de 1978, Yafar Sharif Emami, presidente del Senado, fue nombrado primer ministro con el objetivo de infundir esperanzas de cambio y reforma.
No obstante, la realidad fue que, pese al gobierno de Sharif Emami, las manifestaciones masivas en la mayoría de las ciudades iraníes no disminuyeron. El punto álgido de estas protestas llegó a comienzos de septiembre, coincidiendo con las oraciones del Eid al-Fitr, cuando millones de personas participaron pacíficamente en manifestaciones de una magnitud sin precedentes.
Le Monde describió esta marcha como inigualable en la historia iraní, tan poderosa que sacudió los pilares del régimen Pahlavi. Las protestas se repitieron durante varios días consecutivos y, al amanecer del 7 de septiembre, cientos de miles de personas salieron a las calles de Teherán. Los observadores estimaron que el número de manifestantes alcanzó el millón y que las columnas se extendían a lo largo de varios kilómetros. Más allá de la capital, otras ciudades iraníes también presenciaron movilizaciones masivas.
Para entonces, el miedo extremo del régimen ante el movimiento popular lo condujo hacia una acción militar drástica. Así, en la sesión vespertina del 7 de septiembre, se redactó un proyecto de ley para imponer la ley marcial en Teherán y en otras once ciudades iraníes. Sin embargo, los dirigentes estaban tan aterrorizados que no pudieron posponer ni un solo día el anuncio de la ley marcial para informar a la población.
Como resultado, el régimen emitió un aviso a medianoche, leído en el noticiero radial matutino. No obstante, gran parte de la población —especialmente porque era viernes y no se publicaban periódicos por la mañana— desconocía la decisión. En consecuencia, cuando una multitud se congregó en la plaza Jaleh de Teherán, comenzaron los disparos y muchos fueron martirizados.
Un punto destacable es que, según la ley de un solo artículo aprobada en 1950, el gobierno solo podía declarar la ley marcial en casos de necesidad extraordinaria y debía presentar la propuesta con los motivos correspondientes ante la Asamblea Consultiva Nacional y el Senado dentro de una semana para su aprobación.
Sin embargo, el 8 de septiembre, cuando se aplicó la ley marcial, Sharif Emami y su gabinete aún no habían completado los pilares legales del régimen: los ministros no habían sido presentados al parlamento, no se había expuesto programa alguno y no se había obtenido voto de confianza.
En consecuencia, carecían de autoridad legal para declarar la ley marcial, y su instauración desde esa fecha hasta que el gabinete obtuvo legitimidad jurídica constituyó una violación de principios constitucionales y una vulneración de las libertades individuales y sociales.
Desde el punto de vista jurídico, su continuidad hasta la aprobación parlamentaria carecía de validez legal. Aún más, para crear una fachada de legalidad, el régimen títere de Sharif Emami presentó el proyecto de ley al parlamento, y la Asamblea Consultiva Nacional lo aprobó retroactivamente el 17 de septiembre, con 152 votos a favor, 22 en contra y 3 abstenciones, para aplicarse desde el 8 de septiembre.
La realidad sobre el terreno, sin embargo, era que la población —especialmente aquella mañana de viernes— desconocía la decisión. Esta misma falta de información abrió el camino a la matanza de numerosos manifestantes contra el régimen Pahlavi, cuya magnitud superó la narrativa oficial, incluso según testimonios extranjeros.
El amanecer
A las 9:20 a.m., la plaza Yaleh estaba repleta de personas que portaban ramas de flores (para entregarlas a los soldados como señal de fraternidad, expresión de conducta revolucionaria habitual en las manifestaciones populares de la época), consignas escritas a mano y fotografías del imán Jomeini, completamente rodeados.
Las fuerzas militares no ingresaron para dispersar a la multitud, sino para aniquilarla por completo. El uso de vehículos blindados, armas automáticas e incluso disparos desde helicópteros contra civiles desarmados creó una escena que los testigos compararon con un campo de ejecución.
Un testigo alemán residente en la zona informó disparos desde helicópteros dirigidos hacia los manifestantes. Heridos, ilesos y mártires yacían unos junto a otros. Los gritos, llantos y súplicas de ayuda de las mujeres llenaban el aire. Los canales de agua se colmaron de hombres y mujeres, y dado que muchas mujeres vestían chador negro, los canales parecían cubiertos de telas oscuras.
Niños tendidos en el suelo, jóvenes retorciéndose en su propia sangre, e innumerables zapatos y chadores esparcidos por las calles. La visión de zapatos abandonados, chadores y pañuelos, mujeres inconscientes y martirizadas apiladas unas sobre otras, junto con los lamentos provenientes de todas direcciones, componía una escena desgarradora capaz de conmover a cualquier ser humano sensible.
Construcción narrativa
Tras la sangrienta masacre, comenzó la segunda fase: la negación y la distorsión. El 9 de septiembre, el régimen Pahlavi anunció que el número de mártires era de 58 y los heridos 205. Dos días después, el poder judicial elevó la cifra de muertos a 95.
La embajada de Estados Unidos consideró estos números irreales, señalando que “varios testigos estadounidenses y europeos indicaron que la cifra debía ser mucho mayor”. Parsons, embajador británico, estimó que los mártires eran “cientos”. Según evaluaciones de la embajada estadounidense, el número real de víctimas ascendía a varios miles.
William Sullivan, embajador de EE.UU. en Teherán, informó que en la plaza Yaleh “más de doscientos manifestantes habían sido asesinados”. Un funcionario de seguridad iraní comunicó a la embajada que entre 4000 y 4500 personas murieron en Yaleh, y varios centenares más en el sur de la ciudad.
John Stempel, miembro del personal de la embajada, citando fuentes médicas, estimó que los mártires oscilaban entre 200 y 400. Shapour Bakhtiar afirmó: “Puedo decir con confianza que el número de muertos no superó los 700 u 800”. El SAVAK (servicio de inteligencia del régimen Pahlavi), en un informe confidencial, consignó que se habían emitido 2200 permisos de entierro y se numeraron otros 1000 cuerpos.
Los testigos estimaron que los mártires superaban los dos mil, y que entre dos y tres mil pares de zapatos desgastados permanecían en la calle 17 Shahrivar y en la plaza Shohada.
Ali-Mohammad Besharati, activista prerrevolucionario y posteriormente ministro en el gabinete del ayatolá Hashemi Rafsanjani, recordó haber visto personalmente el número 1.723 escrito en uno de los cuerpos en el cementerio Beheshte Zahra.
Quedó claro que estos cuerpos habían pasado por canales oficiales como el SAVAK y que se habían emitido los permisos de entierro; ese número correspondía a la numeración serial de quienes fueron procesados por dichos canales.
Emisoras extranjeras también informaron que el número de mártires había alcanzado varios miles. En última instancia, nadie pudo determinar con certeza la cifra exacta de muertos ese día, aunque los rumores indicaban que ascendía a varios millares.
La huella sionista
Lo que ya resultaba evidente era que esta violencia no ocurrió sin respaldo extranjero. La correspondencia de la embajada de EE.UU. demuestra que la declaración de la ley marcial se realizó con conocimiento y apoyo de Washington.
En ese momento, los líderes de Estados Unidos, Egipto y el régimen israelí estaban inmersos en las negociaciones de Camp David. Carter sostuvo una conversación telefónica con el Shah y “afirmó el apoyo de Estados Unidos en las medidas que estaba tomando para restablecer el orden”.
Su llamada a Mohamad Reza Pahlavi y la aprobación de sus acciones para “restaurar el orden” transmitieron un mensaje claro: la estabilidad geopolítica y la continuidad de la presencia estadounidense y su régimen cliente Pahlavi prevalecían sobre la vida del pueblo.
Simultáneamente, múltiples evidencias apuntaban al papel directo de Israel en el suministro de equipos represivos e incluso en el despliegue de fuerzas entrenadas. Desde el 8 de septiembre, circuló entre la población el rumor de que quienes disparaban contra la gente no eran soldados iraníes, sino comandos israelíes que habían ingresado al país días antes.
Se difundieron reportes sobre tres aeronaves transportando comandos militares israelíes que aterrizaron en el aeropuerto de Mehrabad la noche del miércoles (15 Shahrivar). Se susurraba que el ejército había traído soldados israelíes para reprimir a los manifestantes.
Medios israelíes también revelaron que, en el apogeo de las protestas del pueblo iraní contra el régimen Pahlavi respaldado por Occidente, el régimen israelí había proporcionado armas al Shah para reprimir las marchas y enfrentar al público.
Según estos informes, tras intensificarse las protestas, se estableció un puente aéreo desde el aeropuerto de Lod y la base aérea militar Ramat David, cerca de Haifa ocupada, para entregar equipos destinados a la represión.
Los medios israelíes añadieron: “El gobierno israelí envió a Teherán una compañía de personal entrenado en represión urbana y guerra de guerrillas. Esta unidad operó bajo la supervisión del servicio de inteligencia militar israelí y, con la aprobación final del Shin Bet (agencia de inteligencia y contrainteligencia de la oficina del primer ministro de Israel), fue encargada de ejecutar operaciones. El mando de la unidad estuvo a cargo de Rehavam Ze’evi, quien había sido comandante del Mando Central israelí en la década de 1960 y más tarde asesor del primer ministro sobre municiones especiales y técnicas antiterroristas”.
Los informes continuaban señalando que la unidad fue transportada a Teherán por aeronaves de El Al Israel Airlines y, en el momento señalado, cumplió con éxito su misión de reprimir manifestaciones en las principales ciudades iraníes.
Todos los miembros de la unidad vestían uniformes del ejército iraní mientras estaban en Teherán. Expertos militares israelíes, así como miembros de organizaciones sionistas encubiertas que operaban en Irán —como la B’nai B’rith, creada para la defensa militar de la minoría judía y el envío de fuerzas a Israel—, se unieron al contingente israelí en Teherán.
Para ocultar su presencia, los funcionarios del régimen iraní difundieron que estas personas provenían de la región de Baluchistán.
Un patrón que se repite
Esta catástrofe de 1978 demostró que el régimen Pahlavi tenía la capacidad de matar y herir a varios miles de personas con facilidad en el transcurso de un solo día.
De manera similar, Reza Pahlavi, heredero sobreviviente de esta dinastía criminal, volvió a provocar —en colaboración con los mismos actores extranjeros, Estados Unidos y el régimen israelí— ataques terroristas en enero de 2026, que causaron 3117 víctimas, de las cuales 2427 eran civiles y policías. Sus aparentes declaraciones de apoyo a los manifestantes no eran más que una cobertura para la misma disposición salvaje y criminal.
Así como todas esas acciones de 1978 fueron organizadas bajo un envoltorio de lenguaje engañoso y reproducidas en medios occidentales para reconfigurar lo sucedido en la plaza Yaleh aquella mañana ensangrentada, la misma lógica se repitió décadas después, en enero de 2026.
En los atroces hechos de 1978, la masacre se justificó como un instrumento de mantenimiento del orden. En 2026, la violencia armada se normalizó mediante la retórica de la “guerra” y la “inevitabilidad de las víctimas”.
Aunque los eslóganes engañosos de Reza Pahlavi y sus seguidores perdieron rápidamente credibilidad desde los primeros días de los disturbios cuidadosamente planificados en Irán, Pahlavi reveló una vez más —quizá de manera involuntaria— los objetivos ocultos y explícitos de su movimiento, de sus patrocinadores estadounidenses y sionistas, y su visión sobre el pueblo y la nación iraní, durante una entrevista con CBS News.
Cuando un periodista de CBS le preguntó: “¿Es responsable de su parte alentar a la gente a salir a las calles y protestar…?”, él respondió: “Esto es guerra, y toda guerra tiene bajas…”, mostrando una perspectiva altiva, condescendiente y despreciativa, incluso hacia quienes perdieron la vida en los enfrentamientos.
Esto representa la esencia desnuda de la mentalidad Pahlavi y la de sus maestros.
¿Cómo el Imam Jomeini se volvió eterno en el corazón de los iraníes?
Todo esto contrasta radicalmente con la memoria que, tras la masacre del 8 de septiembre, el Imam Jomeini describió la declaración de la ley marcial contra un pueblo que, con “el más alto nivel de conciencia política y religiosa”, había realizado manifestaciones pacíficas y “había colmado de flores al ejército”, como un crimen grave.
En su mensaje, expresó el deseo: “Ojalá Jomeini estuviera entre ustedes y fuera mártir junto a ustedes en el frente de la defensa por la causa del Dios Todopoderoso”. Al comparar esta postura con la retórica violenta de Reza Pahlavi, se abre un horizonte más claro del pensamiento intelectual y espiritual de la Revolución Islámica de Irán frente a la mentalidad Pahlavi y la de sus patrocinadores.
En realidad, la expresión de Reza Pahlavi no fue un desliz verbal, sino un reflejo de la misma visión instrumental de la vida humana, una perspectiva que también predominó el Viernes Negro de septiembre de 1978.
En la misma línea, un análisis investigativo de ese Viernes Sangriento y de los acontecimientos de enero de 2026 revela que no se trata de dos incidentes separados, sino de eslabones de una misma cadena: una cadena en la que la violencia desnuda se combina con guerra cognitiva y distorsión narrativa para blanquear la imagen de los perpetradores.
La historia muestra que, para Estados Unidos, Israel y la familia Pahlavi, los derechos humanos no son un principio universal, sino una herramienta selectiva, utilizada únicamente cuando se alinean con intereses políticos y de seguridad.
Este patrón corresponde exactamente al concepto señalado en la literatura de estudios de seguridad como Represión Híbrida: una combinación de violencia desnuda, negación o distorsión de la realidad y desplazamiento de la responsabilidad de la masacre hacia “circunstancias inevitables”.
Estudios académicos sobre la Revolución Islámica también muestran que el régimen Pahlavi de 1978 empleó este modelo: primero mediante la declaración ilegal de la ley marcial, y luego mediante esfuerzos por controlar la narrativa tras la masacre.
La masacre como objetivo último
En la tragedia del 8 de septiembre de 1978, el tiroteo directo contra una multitud desarmada, ajena a la ley marcial y comprometida en una asamblea pacífica, demuestra que el objetivo no era dispersarla, sino quebrar la voluntad colectiva mediante un impacto máximo.
De igual modo, en los disturbios y actos terroristas de enero de 2026, la entrada calculada y preplanificada de elementos armados —junto con la incorporación de individuos indeseables, criminales y matones locales mediante sobornos y diversas promesas— tuvo como fin desarticular la cohesión nacional y atacar los cimientos de la República Islámica.
Así como el uso de armas automáticas, vehículos blindados, fuego de helicópteros y medios similares careció de relación con el “control de multitudes” y, según estándares legales internacionales, constituyó asesinato de civiles, de igual manera, en las operaciones terroristas de enero, las escenas iniciales de disparos y destrucción fueron ejecutadas por saboteadores y terroristas mientras las fuerzas policiales estaban presentes, desarmadas y sin haber decidido participar en confrontaciones con los manifestantes.
En busca de intimidación y propagación del terror, los terroristas de enero ni siquiera respetaron a los soldados rasos que ellos mismos habían incorporado al terreno, aumentando artificialmente la cifra de muertos, para luego aprovechar esos números durante la fase de distorsión y fabricación de información, atribuyendo las muertes a la República Islámica.
Estadísticas en disputa: una guerra por la verdad
El comportamiento del régimen Pahlavi tras la masacre constituye uno de los ejemplos más claros de guerra cognitiva: anunciar 58 muertos, aumentar cuidadosamente las cifras y la admisión indirecta de la Embajada de EE.UU. de que las estadísticas eran irreales.
En contraste, los informes del embajador británico, fuentes médicas, documentos clasificados del SAVAK y otros apuntan a una escala mucho mayor.
Esta discrepancia no fue accidental, sino parte de una estrategia de negación y gestión de la opinión pública, patrón que se repitió en enero de 2026 mediante reclamaciones de bajas fabricadas y a veces absurdas, hasta el extremo de que se difundió la imagen del hijo del ex primer ministro israelí Naftali Bennett como una de las víctimas, además de etiquetar falsamente a los muertos, emitir estadísticas que aumentaban de manera conspicua, omitir partes de la realidad y más.
De apoyo político a respaldo operativo de EEUU e Israel
Documentos diplomáticos estadounidenses muestran que la declaración de la ley marcial se llevó a cabo con el conocimiento y respaldo de asesores estadounidenses, y que el contacto directo de Carter con el Shah consolidó el apoyo de Washington.
En cuanto a Israel, aunque algunas partes de la narrativa sobre la presencia directa de fuerzas del régimen siguen siendo históricamente debatidas, el envío de equipos de represión y la cooperación militar son hechos documentados. Los esfuerzos del régimen Pahlavi por ocultarlo mediante medios masivos —claramente visibles en documentos del SAVAK— demuestran que esta cooperación estaba firmemente integrada en la relación estratégica Tel Aviv-Teherán de la era Pahlavi, una realidad también mencionada en fuentes israelíes y occidentales.
En las operaciones terroristas de enero, sin embargo, la apertura, incitación y apoyo declarado de Estados Unidos e Israel fueron tan explícitos que apenas requerían explicación.
Un ejemplo es la conducta política de Donald Trump en tuits como: “Si Irán dispara contra manifestantes pacíficos y los mata violentamente, Estados Unidos acudirá en su ayuda. Estamos plenamente preparados para actuar”, o “Patriotas iraníes, continúen con sus protestas. ¡Tomen sus instituciones! … La ayuda está en camino”.
Estos son solo ejemplos de tales intervenciones y apoyos. Junto con otros elementos —declaraciones y tuits relacionados con el papel y respaldo de Israel, exposición de redes de espionaje del Mossad, envíos de armas y más, particularmente tras los hechos del 8 y 9 de enero— completan el rompecabezas.
En días recientes, se publicó otro documento señalando la implicación de Estados Unidos y el Mossad en los incidentes de enero. Mike Pompeo, exdirector de la CIA y secretario de Estado, reconoció la participación estadounidense y del Mossad en los disturbios armados dentro de Irán durante una entrevista con Channel 13 de Israel, afirmando: “Estados Unidos hizo todo lo posible por los manifestantes en Irán”.
Pompeo señaló que el apoyo de EE. UU. se brindó de manera abierta y encubierta, y añadió que Washington respalda activamente esfuerzos dirigidos contra Irán.
Sus declaraciones constituyen una de las pocas admisiones públicas que indican que la CIA, junto con el Mossad, apoyó de manera activa y operacional campañas terroristas contra Irán.
El punto clave es que, para Estados Unidos e Israel, el tema nunca ha sido —y no es— “derechos humanos”, sino la preservación de un orden geopolítico preferido; la misma lógica que, en enero de 2026, se repitió mediante silencio, justificación o apoyo a la violencia terrorista.
De 1978 a 2026: la continuidad de un patrón
La conexión entre las catástrofes de septiembre de 1978 y enero de 2026 no se limita a “individuos”, sino que está incrustada en la lógica de acción:
En 1978: “Para la preservación de la monarquía —y la supervivencia del dominio e influencia de los amos del régimen Pahlavi— es necesaria la matanza masiva”.
En 2026: “Para el regreso de los Pahlavi —y la restauración del dominio de sus amos sobre Irán— es necesaria la guerra, y toda guerra tiene bajas”.
En última instancia, el Viernes Sangriento de 1978 y los eventos de enero de 2026 son dos puntos de una línea continua, una línea en la que la violencia es herramienta política, la narrativa reemplaza a la verdad y los derechos humanos son apenas una fachada mediática.
La historia muestra que, para Estados Unidos, Israel y la familia Pahlavi, la vida del pueblo iraní nunca ha tenido valor intrínseco; solo se vuelve “importante” cuando puede ser explotada en la guerra narrativa para alterar ecuaciones a favor del saqueo de recursos y la dominación de los destinos nacionales, en línea con la preservación de un orden que protege sus intereses políticos y económicos.
* Sheida Islami es una escritora, asesora mediática y crítica cultural radicada en Teherán.
Texto recogido de un artículo publicado en Press TV
