Mediante un comunicado emitido este miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha informado de nuevas medidas coercitivas unilaterales contra cinco individuos y una entidad de Irán, bajo acusaciones de “la represión y el arresto violento de los manifestantes” así como por su responsabilidad en el “proceso de tratamiento de los delitos”.
La iniciativa agrupa a altos funcionarios, como el fiscal general de la República Islámica de Irán, el hoyatoleslam Mohamad Yafar Montazeri; el comandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), el general de brigada Hasan Hasanzade; el comandadante de CGRI en la provincia de Kurdistan, Seyed Sadeq Hoseini; el coordinador adjunto y el jefe de la sede del ciberespacio de la Fuerza de la Resistencia Popular de Irán (Basich), Hosein Marufi y Moslem Moin, respectivamente.
El Tesoro estadounidense también ha anunciado que se ha incluido también a la lista negra a la empresa iraní Iman Sanat Zaman Fara, debido a su “vínculo con la Fuerza Policial de la República Islámica de Irán”.
Las autoridades iraníes han urgido a los países occidentales a evitar el oportunismo y no instrumentalizar el tema de los derechos humanos para imponer más sanciones ilegales al país persa.
Sin embargo, desde el inicio de los disturbios, la Casa Blanca ha puesto una serie de restricciones a los funcionarios y políticos iraníes. En el último caso, Washington impuso, el 16 de noviembre, sanciones a seis altos empleados y funcionarios de la Organización de Radio y Televisión de la República Islámica de Irán (IRIB, por sus siglas en inglés).
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