La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE.UU. ha informado este jueves que ha sancionado a los ministros iraníes del Interior y de Información y Comunicaciones, Ahmad Vahidi e Isa Zarepur, respectivamente.
Los otros cinco sancionados son el diputado político del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), Yadolah Yavani, el jefe de la Policía del Intercambio de información y producción espacial (Fata, por sus siglas en persa) del Comando Disciplinario de la República Islámica (Faraja, por sus siglas en persa), Vahid Mayid, el comandante de CGRI Hosein Neyat, el jefe de Policía de Teherán, Hasan Rahimi, y el diputado de operaciones de Faraja.
El Tesoro estadounidense, al justificar la medida, reitera sus acusaciones sin fundamento de “violencia contra las mujeres y manifestantes iraníes”, así como por “cortar el acceso a Internet”, en el marco de los hechos ocurridos tras la muerte de Mahsa Amini.
Diferentes ciudades de Irán fueron escenarios de violencia callejera protagonizada por vándalos que se infiltraron en las protestas por la muerte de Amini; un caso que está bajo investigación, conforme han asegurado las autoridades iraníes.
El 22 de septiembre, la misma entidad estadounidense anunció sanciones contra la Policía de Irán. Eso pese a que las autoridades iraníes enfatizan que se tiene que esperar hasta que se obtengan resultados de las investigaciones detalladas y especializadas sobre la muerte de Amini.
Además, los medios occidentales, desde el principio, han culpado a los agentes policiales del incidente, haciendo todo lo posible para manipular la información, en busca de exacerbar a la ciudadanía a salir a las calles a protestar contra el sistema de la República Islámica de Irán.
En reacción, las autoridades iraníes han urgido a los países occidentales a evitar el oportunismo e instrumentalizar el tema de los derechos humanos.
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