Según un informe emitido el sábado por el diario estadounidense The New York Times (NYT), el gobernador de Texas (sur), Greg Abbott, podría tomar tal medida a fin de ampliar sus prerrogativas como autoridad estatal en la frontera.
Esto, debido a que, de acuerdo a un artículo de la Constitución estadounidense, los estados no pueden participar en una guerra, excepto cuando “realmente son invadidos”.
En este sentido, los principales abogados del gobernador y del fiscal general texano, Ken Paxton, se han reunido para debatir la iniciativa, lo que pondría al estado en un choque frontal con el Gobierno federal al permitir que la Policía estatal arreste y deporte a los migrantes, agregó NYT, citando a dos personas familiarizadas con el encuentro.
A pesar de que Abbott sigue abierto a opciones, está preocupado por las “consecuencias no deseadas”, si no se toman los pasos adecuados. “Si usamos esta estrategia, podría exponer a las fuerzas del orden en el estado de Texas a ser procesadas”, indicó el funcionario.
El gobernador texano ya movilizó a miles de tropas de la Guardia Nacional para vigilar los puestos fronterizos, ordenó inspecciones de seguridad de los camiones provenientes de México, lo que provocó una interrupción del comercio internacional, y ha impulsado la construcción de 20 millas (32 kilómetros) de nuevas vallas fronterizas, entre otras medidas.
Flujos migratorios siguen siendo un problema para Washington. De hecho, el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Alejandro Mayorkas, deploró el miércoles que su país hubiera heredado un sistema migratorio “roto y desmantelado”.
Ante tal situación, exigió aumentar el número del personal fronterizo y contratar a 300 nuevos agentes de la patrulla fronteriza, así como incrementar la capacidad de arresto de aquellos que no son aceptados en EE.UU.
Esto, mientras que las autoridades estadounidenses han advertido que la migración podría aumentar aún más después de que la Administración de Joe Biden anunció que derogaría la orden fronteriza, conocida como el Título 42, que permitía expulsar de manera masiva a los solicitantes de asilo a México para evitar la propagación de la COVID-19.
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