Se trata de unas cifras que se desconocían hasta la fecha, pero que el Gobierno de Estados Unidos, presidido por Donald Trump, desveló el viernes a través de un documento judicial.
Además de la cifra mencionada de menores, las autoridades estadounidenses también expulsaron a otros 7600 miembros de lo que llaman “unidades familiares”, en las cuales están incluidos tanto los niños como los adultos que les acompañan.
Según reportó la cadena estadounidense CBS, unos 160 000 adultos fueron deportados a sus países de origen, debido a que Washington les negó el asilo en virtud de una normativa, en vigor desde el pasado marzo, que otorga autoridad a los agentes migratorios a expulsar a los indomumentados de inmediato, sin darles la oportunidad de que un juez evalúe su caso.
Durante la crisis sanitaria de la pandemia del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19, la Administración estadounidense ha expandido el uso de hoteles para detener a los menores migrantes, que anteriormente eran enviados a albergues, mientras que los adultos pasaban a centros de detención hasta que un juez examinaba su petición de asilo.
En los hoteles, los migrantes detenidos son vigilados por guardias de seguridad contratados de manera externa por el Gobierno, mientras que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se encargan de buscar vuelos para deportarlos a sus países de origen.
A principios del pasado mayo, la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF), solicitó al Gobierno de Trump que suspendiera las deportaciones desde EE.UU. al resto del continente americano, un proceso que supone el traslado colectivo de personas desde el “epicentro de la pandemia” a países con menores tasas de transmisión de la enfermedad, lo que podría exacerbar la crisis de salud pública en la región.
Según la agencia federal, en el mes de julio, más de 38 000 migrantes fueron detenidos en la frontera sur del país norteamericano.
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