En un comunicado, la Cancillería ecuatoriana afirmó el viernes que las alegaciones del ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el mexicano Emilio Álvarez Icaza, demuestran su acomodo al poder establecido y que desde esa perspectiva dirigió al organismo para “favorecer sus intereses políticos y expectativas personales, en lugar de trabajar a favor de los Derechos Humanos en el hemisferio”.
Álvarez Icaza, que dejó el lunes el cargo en la Comisión CIDH, alertó el jueves de que "la democracia sustantiva" está "debilitada" en Ecuador por la represión "extrema" de las libertades de expresión y asociación.
Emilio Álvarez Icaza dirigió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para favorecer sus intereses políticos y expectativas personales, en lugar de trabajar a favor de los Derechos Humanos en el hemisferio”, dijo la Cancillería ecuatoriana en un comunicado.
En la nota también se citan unas declaraciones efectuadas por el representante permanente de Ecuador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Marco Albuja, quien consideró las alegaciones del mexicano como "una muestra más de las intervenciones de un funcionario que se dedicó únicamente a la crisis financiera y a la informatización de la CIDH" y que "no dio soluciones a las serias fallas estructurales de ese órgano" de la OEA.
Albuja expresó su esperanza de que la CIDH, a la sombra de su nueva dirección, el brasileño Paulo Abrao, que asumió sus funciones el pasado lunes, lleve a cabo los cambios necesarios a favor del fortalecimiento de los derechos humanos y en respeto a la normativa aceptada por los Estados.
Ello, en lugar de "usar la Comisión como una herramienta para ejercer presión política contra determinados gobiernos", concluyó Albuja.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, en reiteradas ocasiones ha condenado las posiciones de la CIDH y ha abogado por impulsar la creación de una organización latinoamericana de derechos humanos que se independice de los “patrones tutores” dictados por Washington. El mandatario considera inadmisible que la CIDH, adscrita a la OEA, tenga su sede en territorio de Estados Unidos, país que no ha firmado la Convención Americana, principal acuerdo sobre DDHH en América.
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