Por Xavier Villar
Según fuentes diplomáticas regionales, Irán y Estados Unidos se preparan para una nueva ronda de contactos en Turquía, bajo mediación turca y catarí. No se trata de una reapertura formal del diálogo ni de un gesto de reconciliación, sino de un intento de contener una crisis que ambos actores reconocen como potencialmente incontrolable. Más que una iniciativa política, estas conversaciones parecen el resultado de una convergencia negativa de cálculos estratégicos, en la que las opciones disponibles se reducen y la diplomacia se convierte en un mal menor.
Estas conversaciones llegan tras semanas de diplomacia, en las que actores regionales como Omán, Turquía y Catar, junto con potencias como Rusia y China, han intentado evitar una escalada directa. Todos comparten una evaluación similar. Incluso una acción militar limitada contra Irán tendría consecuencias que irían mucho más allá de sus objetivos iniciales. Esta advertencia ha sido formulada de manera explícita por el liderazgo iraní, incluido el Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, pero también aparece de forma recurrente en análisis militares occidentales. La diferencia es que, para Teherán, esta no es una hipótesis académica, sino una premisa central de su doctrina de seguridad.
El trasfondo inmediato de estos contactos es una secuencia de movimientos militares y advertencias políticas que, durante semanas, alimentaron la percepción de una crisis inminente. Estados Unidos reforzó su presencia naval y aérea en el Golfo con un despliegue diseñado para subrayar su supuesta superioridad convencional. Irán respondió con ejercicios militares del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) que, lejos de ser improvisados, fueron cuidadosamente comunicados. El mensaje no era de desafío retórico, sino de disuasión explícita. Se trataba de mostrar capacidades, no de ocultarlas.
Paralelamente, la amenaza de intervención formulada por el presidente Donald Trump, elevó el nivel de incertidumbre. Durante varios días, la posibilidad de un ataque estadounidense fue tomada en serio en capitales regionales y mercados energéticos. Sin embargo, esa opción quedó en suspenso. La explicación no reside tanto en consideraciones humanitarias o políticas internas estadounidenses, sino en un reconocimiento más elemental. No existe una vía militar clara para neutralizar a Irán sin desencadenar una cadena de consecuencias difíciles de controlar.
Este punto resulta central para entender el momento actual. Irán no es un Estado frágil ni un actor aislado sin capacidad de respuesta. Es una potencia regional con una estructura estatal resiliente, una geografía compleja y una estrategia de defensa diseñada precisamente para disuadir ataques. Cualquier operación militar, incluso limitada en su concepción inicial, tendría una alta probabilidad de expandirse. Las rutas marítimas del Golfo Pérsico, las instalaciones energéticas de países vecinos y las bases militares estadounidenses quedarían expuestas a represalias directas o indirectas.
Es en este punto muerto donde la mediación de Turquía y Catar adquiere relevancia. Ninguno de los dos actúa como intermediario neutral en el sentido clásico. Ambos son actores con intereses propios y con una lectura pragmática de la seguridad regional. Turquía busca consolidar su papel como interlocutor indispensable en los equilibrios euroasiáticos. Mantiene canales abiertos con Washington, Moscú y Teherán, y aspira a proyectarse como un poder capaz de gestionar crisis complejas fuera de los marcos tradicionales occidentales.
Catar, por su parte, emerge del periodo de bloqueo regional con una estrategia más autónoma. Su seguridad no puede depender exclusivamente del paraguas estadounidense ni de consensos volátiles dentro del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG-integrado por países árabes ribereños al Golfo Pérsico). Compartir con Irán el mayor yacimiento de gas del mundo impone una relación funcional que trasciende las tensiones ideológicas. Doha ha aprendido que la estabilidad regional es un interés propio, no una externalidad delegable.
Ambos países ofrecen un canal que resulta aceptable para Teherán en la medida en que no está asociado ni a la Unión Europea ni a Naciones Unidas, estructuras percibidas en Irán como políticamente condicionadas por Estados Unidos. El formato no elimina la asimetría entre Washington y Teherán, pero reduce la carga simbólica de una negociación bajo tutela occidental.
Sin embargo, cualquier intento de diálogo tropieza con un desacuerdo estructural que va más allá del expediente nuclear. Estados Unidos y sus aliados más cercanos, en particular Israel, insisten en abordar lo que consideran el conjunto del problema iraní. Esto incluye el programa de misiles balísticos y la política regional de Teherán. Desde esta perspectiva, limitar la negociación al ámbito nuclear equivaldría a tratar solo una parte del desafío.
Para Irán, esta aproximación es inaceptable. El programa de misiles no es percibido como una herramienta de proyección ofensiva, sino como el núcleo de su capacidad defensiva. Esta visión está profundamente anclada en la experiencia histórica del país. Durante la guerra con Irak en la década de 1980, ciudades iraníes fueron bombardeadas sin que existiera una capacidad de respuesta disuasoria equivalente. El conflicto dejó una huella duradera en el pensamiento estratégico iraní. La conclusión fue clara. La autosuficiencia en disuasión es indispensable para evitar la coerción externa.
Desde entonces, el desarrollo de capacidades misilísticas ha sido concebido como un seguro existencial. En un entorno regional dominado por potencias con superioridad aérea y acceso a armamento avanzado, los misiles representan el principal factor de equilibrio. No son un complemento negociable, sino el pilar central de la doctrina de defensa nacional.
Por esta razón, cualquier intento de incluir el programa de misiles en una negociación es interpretado en Teherán no como una exigencia dura, sino como una negación del derecho básico a la autodefensa. Para el liderazgo iraní, aceptar restricciones significativas en este ámbito equivaldría a una renuncia estructural a la soberanía. En ese escenario, la alternativa del conflicto militar, por costosa que sea, aparece como un riesgo asumible frente a la vulnerabilidad permanente.
Esta lógica explica por qué Irán ha señalado de forma consistente que solo está dispuesto a discutir el expediente nuclear, y sólo bajo condiciones específicas. Lo que no es negociable es la negociación bajo presión.
Aquí entra en juego una dimensión menos visible pero decisiva. Más allá de la seguridad física, Irán enfrenta un desafío de identidad estatal. La República Islámica se define a sí misma como un proyecto político basado en la independencia frente a la hegemonía externa. Este principio estructura buena parte de su legitimidad interna. Negociar bajo coerción directa socavaría ese principio y, con él, la coherencia del sistema político.
Desde esta perspectiva, una agresión militar directa podría ser absorbida dentro de una narrativa histórica de resistencia frente a la intervención extranjera. Podría incluso reforzar la cohesión interna. Una capitulación forzada, en cambio, produciría una fractura mucho más profunda. Debilitaría el contrato político implícito entre el Estado y su base social, que se fundamenta principalmente en la defensa de la soberanía nacional.
Este marco explica la insistencia iraní en que cualquier diálogo debe basarse en reciprocidad y respeto formal. No es una cuestión de estilo diplomático, sino una condición estructural. Un proceso percibido como desigual o humillante sería políticamente insostenible en el plano interno. De ahí la preferencia por un formato técnico, limitado y secuencial, en el que las concesiones puedan presentarse como intercambios equivalentes.
A más largo plazo, la crisis actual refleja un reajuste más amplio del equilibrio regional. La política estadounidense de máxima presión no ha producido un cambio sustancial en el comportamiento estratégico de Irán. Sí ha acelerado su acercamiento a China y Rusia y ha incentivado a actores regionales a explorar fórmulas de seguridad menos dependientes de Washington. De forma paradójica, el uso intensivo del poder coercitivo ha contribuido a una mayor fragmentación del orden regional.
Las conversaciones en Turquía no representan el final de esta dinámica. Son un interludio en un conflicto prolongado. La presión militar ha dado paso, temporalmente, a la presión diplomática. Las herramientas son distintas, pero las apuestas siguen siendo elevadas. Irán acude con la convicción de haber resistido el punto álgido de la coerción. Estados Unidos llega con la expectativa de que esa presión acumulada se traduzca en concesiones, algo que no ha funcionado en el pasado y no parece que lo vaya a hacer en el futuro.
En este contexto, la diplomacia no se presenta como un remedio definitivo al conflicto, sino como un instrumento de gestión de riesgos. Su función es evitar que la tensión se traduzca en un enfrentamiento abierto de consecuencias incontrolables, permitiendo que las decisiones futuras se tomen desde un margen de previsibilidad limitado. La mesa de negociaciones actúa menos como un puente hacia la resolución que como un amortiguador entre el abismo y la confrontación.
Para Teherán, participar en la mesa no es un gesto de debilidad, sino una afirmación calculada de soberanía: negociar sin poner en riesgo los pilares de su capacidad defensiva ni su margen de acción estratégica. Cualquier avance concreto será necesariamente limitado, circunscrito a acuerdos parciales, pero incluso así constituirá un reconocimiento tácito de la realidad iraní: un Estado que no se somete bajo presión y que considera preferible absorber los costes de un enfrentamiento militar antes que aceptar un acuerdo que implique renunciar a sus principios fundamentales.
