• El jefe del Ejército de Myanmar, el general Min Aung Hlaing, en un evento en la ciudad birmana de Yangón, 19 de julio de 2018. (Foto: AFP)
Publicada: lunes, 24 de septiembre de 2018 8:17

El Ejército de Myanmar, ante las críticas internacionales y de la ONU por el genocidio contra la minoría rohingya, insiste en que no tienen derecho a “interferir”.

“Ningún país, ninguna organización ni ningún grupo tiene derecho a interferir” en la política de Myanmar, afirmó el domingo el jefe del Ejército birmano, el general Min Aung Hlaing, según recoge hoy lunes el diario militar oficial del país Myawady.

El general birmano justifica la práctica violenta del Ejército de Myanmar (Birmania) contra los rohingyas, aduciendo que “los países de todo el mundo eligen el sistema democrático que les conviene”.

“Myanmar está en el camino hacia el multipartidismo democrático”, dijo y precisó que el Ejército seguirá luchando hasta que se resuelvan los conflictos con los que llamó “grupos étnicos rebeldes”.

Ningún país, ninguna organización ni ningún grupo tiene derecho a interferir” en la política de Myanmar, afirma el jefe del Ejército birmano, el general Min Aung Hlaing.

 

Min Aung Hlaing forma parte del grupo de mandos del Ejército birmano, cuya destitución y enjuiciamiento pidió el pasado martes la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por su evidente papel en el “genocidio” de la minoría musulmana rohingya, así como en los “crímenes contra la humanidad”.

La comisión de investigación de la ONU presentó un informe de 444 páginas en el que señaló que la “demolición en masa” en los estados de Kachin, Shan, y en particular, Rajine —ubicado en el oeste de Myanmar—, levanta serias preocupaciones sobre la destrucción de evidencias y sus efectos en futuras investigaciones de los crímenes.

El pasado martes, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya decidió examinar las denuncias de crímenes cometidos contra los rohingyas, en particular, su deportación a Bangladés.

El Gobierno birmano rechazó la “irregular” resolución de la CPI, que establece que el tribunal puede investigar la deportación de la minoría rohingya, pues es resultado de un “procedimiento erróneo y una dudosa base legal”.

Más de 900 000 rohingyas han huido a Bangladés desde agosto de 2017, cuando el Ejército birmano intensificó sus ataques contra esta población y quemó cientos de viviendas y aldeas enteras de musulmanes en Rajine. Las Naciones Unidas consideran que Myanmar está practicando una “limpieza étnica” contra los rohingyas.

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