“El arsenal de armas nucleares, químicos y bioquímicos de Israel es la mayor amenaza para la paz y la seguridad en Asia Occidental y sigue siendo un gran desafío para Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ)”, ha afirmado el representante permanente sirio ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Bashar al-Yafari, durante una reunión de la Asamblea General del organismo, celebrada este viernes.
Al-Yafari también ha reiterado el llamamiento de Damasco a los estados miembros de la ONU a reforzar su trabajo para liberar a la región de Asia Occidental de todas las armas de destrucción masiva, y también ha urgido a “a presionar a la entidad de ocupación israelí para que someta todas sus instalaciones y actividades nucleares al control de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA)”.
El delegado sirio ha señalado que su país condena fuertemente cualquier uso de armas de destrucción masiva, incluidas las armas químicas, por parte de cualquier persona, en cualquier circunstancia y en cualquier lugar, y asegura que Siria no ha utilizado ni utilizará armas químicas porque, en primer lugar, ya no las posee.
A este respecto, el representante permanente de Irán ante las Naciones Unidas, Mayid Tajt Ravanchi, a su vez, alertó del papel destructivo de los programas nucleares de dichas partes en el empeoramiento actual de la seguridad mundial, aseverando que “EE.UU. y el régimen sionista son los mayores obstáculos del desarme nuclear a nivel mundial y regional”.
Esto mientras que, según denunció el pasado 28 de septiembre el alto diplomático sirio, el Occidente trata de inventar excusas para desatar guerras en otros países, como en Siria, y algunos miembros del citado organismo buscan “intencionadamente” tergiversar las investigaciones científicas y “fabricar mentiras” sobre el expediente químico acerca del país árabe.
Bajo el pretexto de un ataque químico, EE.UU., el Reino Unido y Francia lanzaron el 14 de abril de 2018 una ofensiva militar a gran escala contra Siria, sin contar para ello con la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) y antes de que terminaran las investigaciones de la OPAQ.
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