El viernes pasado, el magistrado del Juzgado Séptimo de Instancia Penal de Guatemala, Freddy Orellana, una figura ampliamente cuestionada dentro y fuera del país, pidió la anulación total del partido de gobierno, Movimiento Semilla, a solicitud de la Fiscalía general. Esta acción busca declarar vacantes los puestos de la Presidencia, Vicepresidencia, 23 diputaciones y una alcaldía. La medida judicial considera ilegal todo el proceso electoral que llevó al gobierno al presidente Bernardo Arévalo. En respuesta, el jefe de Estado guatemalteco llamó el domingo a la población, los pueblos originarios y todos los sectores a movilizarse contra el golpe de Estado.
El mandatario guatemalteco acusó a la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, y al juez Freddy Orellana, de intentar alterar el orden constitucional del país, a quienes señaló de ser parte y protectores de la corrupción que asola a Guatemala desde hace décadas.
Arévalo hizo un llamado a la Corte Suprema de Guatemala para que escuchara la voz del pueblo cuando piden con fuerza no al golpe, no a la corrupción, sí a la democracia, sí a la libertad y sí al respeto a la voluntad soberana del pueblo de Guatemala.
El sábado, el presidente Arévalo cambió la cúpula de seguridad de Guatemala tras la fuga de 20 pandilleros, aceptando las renuncias del ministro del Interior, la viceministra de Asuntos Antinarcóticos, y el viceministro de Seguridad, en una cadena de acciones contra la corrupción en Guatemala. Además, el mandatario ordenó el establecimiento de una fuerza de tarea coordinada por la Comisión Nacional contra la Corrupción y el Ministerio del Interior. Esta instancia tendrá el mandato de revisar exhaustivamente los procesos administrativos y normativos, cerrar los espacios a la corrupción, y corregir las fallas estructurales en dos instituciones clave: la Policía Nacional Civil y el sistema penitenciario.
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