La aparición de casos millonarios en las diversas esferas de la sociedad y el Estado, incluso han llevado al Gobierno federal a reducir los desembolsos para la justicia al considerar a la Isla como beneficiaria de alto riesgo.
A pesar del severo plan de austeridad y recortes emprendidos por el gobernador Alejandro Garcia Padilla en todas las áreas del Estado, la corrupción es un delito que permanece intocable y no sufre reducciones en su alza.
En medio de la aplicación de un duro ajuste económico y a pesar del fortalecimiento de las leyes, no dejan de aparecer casos que revelan que el flagelo está enquistado en los núcleos de poder. Aunque muchos relacionan la cultura de corrupción con el sector público, otros atribuyen también responsabilidades al sector privado.
El reciente caso de un millonario fraude en la Superintendencia del Capitolio por el que la Justicia ya radicó 73 cargos penales contra empresarios y funcionarios, desató la alarma en el Gobierno federal el cual decidió ajustar los fondos enviados a Puerto Rico por considerarlo un beneficiario de alto riesgo de malversación.
Por su parte, las autoridades judiciales de contralor y transparencia pública, consideran que mientras que la crisis económica que vive la Isla sí puede propiciar un alza en los crímenes contra la propiedad, la misma no es un factor determinante que estimule o promueva los delitos de corrupción.
Otros, sin embargo no dejan de recordar que la corrupción en ocasiones toma tintes de legalidad cuando corporaciones o magnates irrumpen con millonarios aportes a los partidos políticos que luego quedan comprometidos al llegar al poder.
En tanto las autoridades dicen empeñarse para endurecer el combate a este delito, los escándalos de corrupción también empañan otras áreas del Estado como la Justicia y el Poder Legislativo.
Carlos Rubén Rodríguez, San Juan.
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