La dirigencia indígena en contra del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco suspendió su participación en la mesa de diálogo que mantiene con el Gobierno panameño y la empresa Genisa, que desarrolla la obra que lleva un 95 por ciento de avance en el oeste del país, luego de que se reprimiera a quienes se mantenían protestando frente a la entrada de esa construcción.
Treinta personas fueron detenidas y tres de ellas sufrieron heridas leves, un episodio que no se repetía desde el 2012.
A propósito de la suspensión del diálogo y luego de que el Gobierno anunciará que el proyecto hidroeléctrico se culminará por considerarlo “de interés nacional”, parte de la dirigencia Ngäbe Buglé presentó una solicitud de medida cautelar en contra del Estado panameño frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La dirigencia Ngäbe Buglé fundamenta sus reclamos de cancelación en el acuerdo 107 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) firmado por Panamá, relativo a la protección de las poblaciones indígenas, en el que se establece la obligatoriedad de la consulta pública frente a proyectos que afecten sus territorios, y en otros incumplimientos señalados por el Ministerio de Ambiente cuando ordenó la paralización temporal de la obra en febrero del 2015.
Las acciones legales en contra del proyecto hidroeléctrico y el proceder del Gobierno panameño comenzaron esta semana en la CIDH.
Pero a nivel local, quienes se oponen a la obra esperan elevar sus denuncias a querellas en contra de la empresa Genisa y el Ministerio de Ambiente, por no haber cedido aún a las autoridades correspondientes, las pruebas de las irregularidades encontradas en Barro Blanco.
Sara Morales Gallego, Ciudad de Panamá.
xsh/kaa
