“Las fuerzas de seguridad identificaron a los cabecillas de los disturbios y arrestaron a algunos de ellos. Por supuesto, algunos habían sido engañados; sin embargo, nos encontramos con numerosos casos en los que se llevaron al lugar armas como fusiles G3 y pistolas”, señaló el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, en una ceremonia local, el lunes.
Al respecto, agregó que los implicados no eran personas que simplemente salieron a la calle a corear consignas, sino que estaban organizados.
A finales de diciembre, en Irán estallaron protestas económicas que comenzaron como reclamos por el deterioro de la economía y la caída de la moneda, pero que fueron rápidamente secuestradas por alborotadores incitados por líderes de Estados Unidos e Israel y facilitados por sus operativos de inteligencia sobre el terreno.
El alto funcionario afirmó que el presidente estadounidense, Donald Trump, había indicado abiertamente que cualquier crisis social interna podría desencadenar una acción militar, describiendo esto como un cambio en la táctica de Estados Unidos destinado a debilitar la unidad nacional antes de un posible ataque.
Según Lariyani, Trump alentó públicamente la violencia al instar a los alborotadores armados a tomar el control de las instituciones estatales y amenazar con una acción militar contra Irán si eran confrontados.
El funcionario subrayó que los opositores habían delineado una estrategia en cuatro etapas: concentraciones públicas, terrorismo, disturbios y, finalmente, ataque militar, pero que este plan fracasó gracias a la unidad nacional.
Agregó que los alborotadores eran “grupos urbanos cuasi-terroristas” y que algunos formaban parte de redes organizadas previamente señaladas por entidades sionistas como estructuras creadas dentro de Irán.
Lariyani añadió que los ataques a símbolos nacionales y religiosos —incluyendo la bandera iraní, estatuas del general mártir, Qasem Soleimani, mezquitas y el Corán— demostraban que los disturbios trascendían las demandas económicas.
Entretanto, afirmó que los intentos de atacar centros militares y de seguridad buscaban provocar una guerra civil y desestabilizar al país.
“Estas acciones generan una grave inestabilidad económica y presentan a la nación como si estuviera en estado de emergencia”, señaló, agregando que tales condiciones coinciden con los objetivos de los adversarios de Irán.
Al concluir, el máximo responsable de seguridad destacó que los enemigos de Irán intentaron socavar la solidaridad popular, considerada la principal fortaleza del país durante el conflicto, y señaló las manifestaciones públicas del 12 de enero como prueba de la vigilancia y unidad de la nación.
Los funcionarios iraníes consideran los disturbios como parte de una campaña coordinada por Estados Unidos y el régimen de Israel, cuyo objetivo es desestabilizar Irán luego de su fracaso en la guerra de 12 días.
Unas 3117 personas perdieron la vida; 2427 eran civiles y fuerzas de seguridad del país, mientras que los otros 690 eran terroristas, según la Fundación para Asuntos de Mártires y Veteranos de Irán.
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