El expresidente peruano, Alejandro Toledo (2001-2006), fue condenado el miércoles a 13 años de prisión y 4 meses por el delito de lavado de activos en el denominado caso ‘Ecoteva’, la segunda sentencia dictada en su contra por un delito de corrupción cometido durante su gobierno.
La Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima dictó la sentencia contra Toledo a raíz de las adquisiciones inmobiliarias hechas con el dinero transferido ilícitamente en forma de sobornos por las empresas brasileñas Odebrecht y Camargo Correa a la empresa Ecoteva, fundada en Costa Rica por la suegra del exmandatario Eva Fernenbug.
“Consideramos legal, razonable y proporcional la imposición de la pena de trece años y cuatro meses de la pena privativa de la libertad, la misma que se ejecutará desde el 17 de octubre de 2024”, indicó en su escrito la Novena Sala Penal Liquidadora de Lima, capital peruana, si bien la Fiscalía había solicitado 16 años y ocho meses de cárcel para el exmandatario.
La imputación es por lavado de activos agravado en perjuicio del Estado, y junto a Toledo figuran como coautores su esposa Eliane Karp, su exjefe de seguridad Abraham Dan On, Shai Da On y Eva Fernenbug.
El exmandatario peruano se encuentra recluido en la cárcel de Barbadillo, una prisión ubicada en el este de Lima y reservada para expresidentes. Allí cumple una primera condena de 20 años de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos, relacionados con los sobornos que recibió de la constructora Odebrecht a cambio de adjudicarle varios tramos de la carretera Interoceánica.
Toledo declaró, desde una conexión virtual, que estaba “desilusionado” sobre el sistema de justicia, que no estaba de acuerdo con la sentencia y que iba a presentar un recurso de nulidad.
A su vez, Dan On fue condenado a 13 años y 4 meses, mientras que el denunciado como cómplice David Esquenazi recibió 11 años de prisión.
En el caso de Karp, residente en Israel desde la extradición de Toledo a Perú en 2023, y de Fernenbug, la sala ha reservado sus procesos al considerarlas reos contumaces (ausentes).
En una sesión virtual, el tribunal señaló que estaba probado que se dispuso la transferencia de dinero para pagar las hipotecas de las casas de Toledo en la urbanización Camacho, en Lima, y en el balneario Punta Sal, en la norteña región Tumbes, y que no se ha probado la procedencia lícita del dinero.
Los jueces verificaron el incremento patrimonial de Toledo, a través de la compra de inmuebles con dinero maculado que provino de las citadas empresas extranjeras.
Para el colegiado también está probado que el expresidente, de 79 años, tuvo participación directa en el delito de lavado de activos, razón por la cual se acreditó su responsabilidad en el delito.
Una vez que cumpla 80 años en marzo de 2026, Toledo puede solicitar acogerse a la ley aprobada el pasado año en Perú que permite a los presos que alcanzan esa edad terminar de cumplir su condena bajo arresto domiciliario, bajo razones humanitarias.
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