A través de la resolución 3126 de 2025 la Contraloría General de la República de Panamá tendría la facultad, sin una audiencia previa, de secuestrar bienes o suspender salarios de personas investigadas por posibles actos irregulares.
A pesar de las críticas, desde la Contraloría y el Tribunal de Cuentas defienden la iniciativa como una protección de los recursos del Estado, para evitar que “bienes mal habidos” desaparezcan en medio de procesos judiciales prolongados.
Los miles de educadores suspendidos de su puesto con salarios retenidos por formar parte de las protestas en rechazo de la reforma pensional a mediados de 2025 aseguran ser un ejemplo de las extra limitaciones que podría promover el nuevo reglamento, que ya ha sido demandado por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.
John Alonso, Ciudad de Panamá.
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