La investigación que sustenta las violaciones a los derechos humanos en comunidades indígenas y afrodescendientes durante la coyuntura de manifestaciones sociales contra la reforma al sistema de pensiones de Panamá ha sido presentada ante los relatores especiales de Naciones Unidas (ONU) y también formará parte de próximas acciones legales en instancias locales.
El informe final sobre el abuso de fuerza en la contención de las protestas contra la Ley 462 a mediados de 2025 vuelve a poner en la palestra prácticas de perfilamiento racial por parte de los estamentos de seguridad panameños.
Al menos 108 testimonios sustentan la investigación con denuncias que incluyen 318 detenciones ilegales, la muerte de dos personas, incluida una menor y desapariciones forzosas temporales, entre otras extralimitaciones.
El documento elaborado entre los meses de junio y septiembre contiene testimonios directos de las víctimas que evidenciarían las violaciones a los DD.HH. durante el despliegue de la Operación Omega en la provincia de Bocas del Toro entre los días 14 y 30 de junio en medio de la crisis de protestas en rechazo de la reforma pensional.
El informe fue adjuntado a denuncias presentadas ante relatores especiales de Naciones Unidas (ONU) y será parte de nuevas acciones ante instituciones locales en los próximos días.
John Alonso, Ciudad de Panamá
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