“El Gobierno de Nicaragua continúa denunciando, rechazando y condenando los intentos de un grupo de Estados miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que violenta la Soberanía Nacional del Estado nicaragüense (…) y pretender autoerigirse en una autoridad supranacional, ilegítima y arbitraria para agredir política y diplomáticamente al Gobierno nicaragüense”, declaró el canciller Denis Moncada.
Durante la sesión del Consejo Permanente de la OEA, en Washington D.C. (capital estadounidense), el jefe de la Diplomacia nicaragüense reaccionó ante el anuncio de la integración de (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú) al “grupo de trabajo” que pretende averiguar las causas de la violencia en Nicaragua.
La creación de este comité fue aprobada el pasado 2 de agosto mediante una resolución que recibió el apoyo de 20 de los 34 países que son miembros activos de la OEA.
El Gobierno de Nicaragua continúa denunciando, rechazando y condenando los intentos de un grupo de Estados miembros de este Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que violenta la Soberanía Nacional del Estado nicaragüense (…) y pretender autoerigirse en una autoridad supranacional, ilegítima y arbitraria para agredir política y diplomáticamente al Gobierno nicaragüense”, declaró el canciller de Nicaragua, Denis Moncada.
Moncada insistió en que el grupo de trabajo del ente hemisférico “no tiene carácter vinculante y no puede ser impuesto” porque no cuenta con la aprobación de la Administración de Nicaragua. “No recibiremos en el territorio a ningún grupo de trabajo organizado por este Consejo Permanente”, remarcó.
En otra parte de sus declaraciones, el canciller centroamericano condenó a Estados Unidos por continuar aplicando la doctrina Monroe. “Quienes materializan esta condenable acción deben rendir cuentas a sus pueblos por actuar en forma inamistosa contra el pueblo libre y soberano de Nicaragua”, dijo.
Nicaragua se enfrenta una ola de violencia que se inició el pasado 18 de abril por la aprobación de una reforma del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y debido a las protestas, el presidente Daniel Ortega revocó la ley. Sin embargo, las manifestaciones, junto a actos vandálicos has seguido, dejando un saldo de 197 muertos.
Por su parte, Ortega asegura que detrás de las protestas violentas está la “financiación” de EE.UU. y el narcotráfico para alterar la tranquilidad del país.
fgh/ncl/mkh/rba
