El canciller nicaragüense, Denis Moncada, demandó el miércoles poner fin a las sanciones impuestas por Canadá, EE.UU., la Unión Europea (UE) y el Reino Unido contra empresas y allegados a Ortega, en el marco de la crisis socio-política que atraviesa Nicaragua desde hace tres años.
“Además de los efectos destructivos del cambio climático, Nicaragua es víctima de la imposición de medidas coercitivas unilaterales, ilegales e injustas, que constituyen una violación a nuestra soberanía, al derecho internacional y a nuestro derecho al desarrollo”, denunció Moncada durante su intervención telemática en el plenario de jefes de Estado y de Gobierno de la XXVII Cumbre Iberoamericana que tuvo lugar en el Principado de Andorra la misma jornada.
Asimismo, demandó poner fin a las medidas inhumanas y violatorias de la Carta de las Naciones Unidas que, a su juicio, obstaculizan los planes de desarrollo de Nicaragua para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030; no obstante, sostuvo que el país centroamericano “continúa siendo un factor de estabilidad, paz y seguridad regional”.
De igual modo, manifestó su solidaridad con Venezuela y Cuba, ambos países aliados de Nicaragua, y de ellos dijo que son “también víctimas de medidas coercitivas unilaterales, ilegales, que atentan contra la salud y la estabilidad de sus pueblos”.
Por otro lado, mencionó que los países de Centroamérica y el Caribe enfrentan, al mismo tiempo, la pandemia de la COVID-19, la gran depresión, los costos de la mitigación y adaptación al cambio climático, sufriendo cada vez, con mayor frecuencia, los embates de fenómenos climáticos extremos.
“Nicaragua continúa demandando justicia climática con reparación, financiamiento y cooperación por pérdidas y daños a causa de los efectos destructivos del cambio climático”, apuntó.
En este sentido, insistió en la necesidad de reducir progresivamente las emisiones de gases de efectos invernaderos y lograr cero emisiones para 2050, frenando el aumento de la temperatura promedio mundial en 1,5 grados centígrados.
En los últimos años, EE.UU. ha impuesto sanciones contra 25 funcionarios nicaragüenses, como la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, tres de sus hijos, y casi una decena de entidades e instituciones o empresas ligadas a los sandinistas.
Managua denuncia que Nicaragua es víctima de las sanciones unilaterales e ilegales de la Administración de EE.UU. y sus socios, como la UE, que buscan el fin del Gobierno de Ortega, que defiende la soberanía del país y es abiertamente antimperialista.
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