• El Departamento del Tesoro de Estados Unidos en Washington D.C., capital.
Publicada: jueves, 7 de noviembre de 2019 18:09
Actualizada: viernes, 8 de noviembre de 2019 22:54

Estados Unidos impuso este jueves sanciones a tres funcionarios nicaragüenses bajo un plan destinado a presionar más al país centroamericano.

En un comunicado publicado en su página web, el Departamento del Tesoro de EE.UU. ha anunciado que incluyó a cuatro personas más en su llamada lista de terroristas designados, tres nicaragüenses y un maliense.

Los nicaragüenses sancionados son el subdirector de la Policía Nacional nicaragüense, Ramón Antonio Avellán Medal, el presidente del Consejo Supremo Electoral, Lumberto Ignacio Campbell Hooker, y el presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Roberto José López Gómez, ha dicho el Tesoro.

De acuerdo con la nota, como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad de estos individuos, y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de dichos individuos, que estén en los Estados Unidos o en posesión o control de las personas estadounidenses están bloqueadas y deben ser reportadas a la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro de EE.UU.

El Gobierno norteamericano ha acusado a esos funcionarios nicaragüenses de tener a su juicio un papel en la dirección de entidades dedicadas a la violación de los derechos humanos, fraude electoral y corrupción.

Washington ha condicionado a Managua a adelantar elecciones en el país y reformar las leyes electorales para detener las sanciones, luego de la crisis generada en 2018.

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Nicaragua enfrenta desde el 2018 una crisis debido a las protestas en contra de la Administración de Daniel Ortega, calificada como un intento de golpe de Estado provocado por la oposición y financiado por Washington.

Los actos violentos se desataron el 18 de abril en Managua (capital) en protesta por una ley de reforma al sistema de seguridad social propuesta por el mandatario sandinista. Aunque días después Ortega revocó su iniciativa, no cesaron las manifestaciones antigubernamentales.

El presidente nicaragüense rechazó los intentos de imponer sanciones contra el país y argumentó que esa es una violación al derecho internacional.

Pese a las presiones de Estados Unidos, el Gobierno nicaragüense ha mostrado su determinación para seguir trabajando a fin de recuperar la paz social y la estabilidad económica en el país.

Ante esta situación, la Administración nicaragüense invita a la opositora Alianza Cívica, su contraparte en las negociaciones, a buscar una salida a la crisis que estalló hace un año en el país, y a que “se sensibilice y asuma una actitud patriótica” y de responsabilidad social empresarial y apoye ante EE.UU. la suspensión de esas medidas.

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