Estados Unidos impuso sanciones contra cuatro funcionarios del Gobierno de Ortega, entre estos, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; la ministra de Salud, Sonia Castro; el director del Ministerio de Transporte e Infraestructura, Óscar Mojica, y Orlando Castillo, director de Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor.
Estos cuatro funcionarios son agregados a la lista del programa de sanciones relacionadas especialmente para personas o funcionarios relacionados en actos de corrupción y violación de derechos humanos. El analista internacional y excanciller de Nicaragua, Francisco Aguirre, sostiene que las sanciones estadounidenses se aplican bajo el amparo de la ley estadounidense Global Magnistky.
Para algunos diputados sandinista, Estados Unidos pretende hacer injerencia en las decisiones que se tomen en Nicaragua para alcanzar la paz.
El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, sancionado por Estados Unidos, argumentó que las sanciones impuestas por el país norteamericano en contra de su persona y de otros funcionarios, no van a detener el trabajo que realiza el Gobierno en busca de la paz.
El Gobierno de Ortega asegura que Estados Unidos ha estado implicado en querer dar un golpe de Estado en contra de la Administración sandinista y lo señala de financiar las protestas que iniciaron en abril de 2018.
Moisés Mercado, Managua.
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