Los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos regresaron a las calles de la Ciudad de México a exigir resultados concretos sobre el paradero de sus hijos, sin embargo, estos, no aparecen.
Reclaman la reticencia del ejército a entregar documentos que ellos consideran clave en las indagatorias, la liberación condicionada de ocho militares, la falta de reuniones con el gobierno y el presidente, tienen a la investigación en el punto muerto.
El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el ex subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas manifestaron que no hay indicios de vida de los estudiantes.
Esta razón, motivaría a un grupo de padres de familia a estar de acuerdo con una indemnización y cerrar el caso, pero otros, los más combativos y participativos en marchas y reuniones, no están de acuerdo y quieren saber la verdad. El abogado de los padres niega estás versiones mediáticas.
Entre las novedades del caso, la Fiscalía General de la República pidió 82 años de cárcel para el ex procurador Jesús Murillo Karam, quien estuvo a cargo de las primeras investigaciones. Está acusado por la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia. Para los padres esto aporta poco al caso, así como otros puntos de la investigación.
Las autoridades de Gobernación, dicen que quieren un diálogo directo con los padres de familia, pero lo cierto es que la relación entre ambas partes se ha enrarecido entre un mar de datos que por lo que se hasta ahora, no llevan a saber el paradero de los jóvenes.
Arturo Calvillo, Ciudad de México.
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