Puigdemont, actualmente en una cárcel en Alemania esperando una decisión sobre su extradición a España tras estar prófugo de la Justicia durante 155 días, ha pedido al juez que revoque el auto por el que el pasado 23 de marzo fue procesado por rebelión y malversación de fondos públicos y que se anulen todas las actuaciones contra él por no haberse poder defendido de ellas hasta ahora.
Después de que el juez Pablo Llarena aceptó el martes pasado que Puigdemont y los exconsejeros Clara Ponsatí y Lluís Puig se personaran en la causa abierta por el proceso independentista, el abogado Jaume Alonso-Cuevillas ha elaborado este lunes un recurso en nombre de los tres procesados.
Según ha informado el propio letrado, en el texto se pide la “nulidad de actuaciones por falta de competencia objetiva del tribunal” y por “indefensión al no haberse permitido la actuación de la defensa” y se niega la existencia de delito de rebelión y de malversación.
Ha argumentado que en el día del referéndum ilegal “no puede apreciarse ningún tipo de violencia”, si bien ve posible que en algún momento “algunos ciudadanos concretos pudieran haberse excedido de la resistencia pasiva, y hubieran actuado activamente contra los agentes (de seguridad)”.
En los hechos ocurridos el 1 de octubre de 2017, tampoco puede apreciarse ningún tipo de violencia, pues los manifestantes únicamente se limitaron a resistir de forma pasiva la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”, argumenta la defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont.
“En los hechos ocurridos el 1 de octubre de 2017, tampoco puede apreciarse ningún tipo de violencia, pues los manifestantes únicamente se limitaron a resistir de forma pasiva la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”, apostilla el documento de 85 páginas.
La defensa del cesado expresidente argumenta la inexistencia de rebelión y malversación y denuncia, a su vez, que en realidad sus clientes son víctimas de varias violaciones de procedimiento, entre ellas que no se le haya permitido defenderse hasta dictarse el auto de procesamiento, lo que asegura, contradice el derecho europeo e internacional.
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