“Cualquier persona que no tenga conocimiento sobre el expediente nuclear, pero lea la ley del Congreso de los EE. UU. de 1955, conocida como la ley ‘1,2,3’, y luego vea la reciente entrevista de Rafael Grossi, el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), se dará cuenta de que estas dos cosas tienen una conexión significativa”, ha señalado este lunes Mohamad Eslami, presidente de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), en una cumbre sobre la aplicación de nuevas tecnologías en las exportaciones.
Conforme ha citado Eslami, Grossi, el jefe de la AIEA dijo anteriormente que, si Irán quiere resolver su problema nuclear, debe negociar con el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, “lo que significa que la presión de EE.UU. sobre la AIEA está creando estorbos”, ha hecho notar.
El funcionario persa ha indicado que la ley ‘1,2,3’ “tiene tres partes. Una es el enriquecimiento, la segunda es la tecnología de combustible gastado, y la tercera es el agua pesada. Cuando miramos estas tres secciones, entendemos que son líneas rojas y áreas prohibidas que no quieren que ningún país posea o utilice estas capacidades”.
Ha proseguido que, “en esta ley, se enfatiza que cualquier país que desee entrar en estas áreas debe tener un contrato con EE.UU. Este es el mismo acuerdo que Arabia Saudí y su ministro de Relaciones Exteriores están negociando, como indicaron hace unos días”.
Eslami ha denunciado, de igual modo, que “las operaciones terroristas, sabotajes, ataques a instalaciones y el asesinato de científicos durante los últimos 30 años, han impuesto una enorme presión y restricciones severas sobre el país”.
“Durante los últimos 20 años, diversos gobiernos en Irán, independientemente de sus ideologías políticas, han negociado sobre este tema. Estas conversaciones culminaron en el Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés), pero ni siquiera soportaron este pacto”, ha dicho.
En 2015, Irán demostró al mundo la naturaleza pacífica de su programa nuclear al firmar el acuerdo nuclear multilateral, formalmente conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto, con seis potencias mundiales. Sin embargo, la retirada unilateral de Washington en 2018, bajo mandato de Donald Trump, y su posterior reimposición de sanciones contra Teherán dejaron el futuro del acuerdo en el limbo.
En 2019, Irán comenzó a reducir los límites que había aceptado en virtud del acuerdo, después de que las otras partes no cumplieran con sus compromisos. Sin embargo, Teherán dijo estar dispuesto a revertir los pasos dados, si las otras partes también cumplen con sus obligaciones.
Irán asegura que siempre ha otorgado acceso a los supervisores en el marco del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y el Acuerdo de Salvaguardias, y nunca ha obstaculizado este proceso ni lo hará, porque opera bajo las Salvaguardias y esto también funciona según las reglas.
Recientemente, el pasado 21 de noviembre, la Junta de Gobernadores de la AIEA aprobó una resolución, presentada por el Reino Unido, Francia y Alemania, que repetía las mismas alegaciones y solicitaba un informe “exhaustivo” sobre las actividades nucleares de la República Islámica hasta la primavera de 2025.
En respuesta, Irán comenzó a inyectar gas de uranio en sus centrifugadoras avanzadas de fabricación nacional, y reiteró su programa nuclear pacífico del país transparente y está bajo la supervisión de la AIEA.
La resolución antiraní fue aprobada a pesar de que Irán había acordado limitar sus reservas de uranio enriquecido al 60 % para mostrar su disposición a cooperar con el organismo. Teherán había advertido que respondería de manera proporcional, en caso de que se aprobara dicha resolución.
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