Nueve de los primeros deportados el mes pasado desde un centro de detención en Luisiana llegaron al aeropuerto de Yaundé, en Camerún, un país en África Central ubicado en el Golfo de Guinea.
Según un abogado camerunés que representa a aproximadamente a la mitad de este grupo de migrantes deportados, otros ocho, incluidos ciudadanos de Ghana, Zimbabue, Sierra Leona y Senegal, arribaron el lunes.
Ninguno de ellos es originario de Camerún, según documentos gubernamentales obtenidos por The New York Times y los abogados de los deportados. Estados Unidos no ha hecho público ningún acuerdo con Camerún para recibir deportados procedentes de otros países.
Varios de los hombres y mujeres deportados —cuyos casos no se habían reportado previamente— dijeron a The Times que no sabían que serían enviados a Camerún hasta que fueron esposados y encadenados en un vuelo del Departamento de Seguridad Nacional que salió de Alexandria, Luisiana, el 14 de enero.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Camerún declinó hacer comentarios cuando fue contactado por teléfono, y el Departamento de Estado estadounidense indicó que no comentaría sobre sus “comunicaciones diplomáticas con otros gobiernos” al ser preguntado sobre los términos del acuerdo.
Joseph Awah Fru, abogado camerunés, indicó que dos de los nueve deportados eligieron regresar a sus países, mientras que ocho contaban con protecciones legales contra la deportación por riesgo de persecución, otorgadas a quienes pueden demostrar ante un tribunal que probablemente serían perseguidos si son devueltos a sus países.
Según el diario Wall Street Journal, la policía de Camerún también arrestó a cuatro periodistas, incluidos tres enviados de la agencia Associated Press que habían ingresado al complejo para entrevistar a los migrantes. Associated Press informó que los periodistas fueron agredidos físicamente.
Además, los abogados de estos migrantes deportados señalaron que se les ha impedido salir o recibir visitas. Agentes de seguridad de civil protegen el centro de detención y el edificio administrativo del Ministerio de Asuntos Sociales en Yaundé, la capital de Camerún.
Conforme a los medios, hasta donde se sabe, estas deportaciones serían las primeras hacia Camerún y ponen en evidencia el secreto extraordinario que rodea el programa global de expulsiones de la administración Trump.
Mediante acuerdos opacos con gobiernos dispuestos —a menudo a cambio de dinero—, Estados Unidos ha deportado a cientos de personas a países extranjeros que podrían no respetar las protecciones legales que les otorgaron los tribunales estadounidenses, devolviéndolas a los peligros de los que huyeron.
No está claro si Camerún recibió algún beneficio por aceptar a los deportados, pero según una investigación del Comité de Relaciones Exteriores del Senado publicada el viernes, el gobierno de EE.UU. ha pagado más de 40 millones de dólares en acuerdos de deportación a terceros países.
La administración Trump ha intensificado el envío de migrantes a países distintos al suyo, una medida que busca disuadir la llegada de nuevos solicitantes y agilizar la expulsión de personas difíciles de repatriar por la falta de relaciones diplomáticas o problemas con los documentos de viaje.
Críticos denuncian que la práctica elude órdenes judiciales estadounidenses. “Enviar personas a un tercer país para obligarlas a ser deportadas a un país al que no podemos enviarlas es claramente ilegal”, señaló Scott Shuchart, exfuncionario del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en la administración Biden.
Según la ley de inmigración de Washington, los migrantes considerados en riesgo de persecución en sus países solo pueden ser enviados a un tercer país si un tribunal de inmigración emite una orden especial. Un abogado estadounidense afirmó que un tribunal había prohibido previamente a Washington enviar a estos migrantes de regreso a sus países de origen.
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