En un comunicado publicado el miércoles en X, el Comando Sur de EE.UU. informó que tres personas murieron en una de las embarcaciones atacadas, mientras que los restantes tripulantes de las otras dos embarcaciones abandonaron el barco.
Un vídeo publicado por el Comando Sur en las redes sociales muestra a los barcos viajando en una formación cerrada, y los militares alegaron que estaban en un convoy a lo largo de rutas conocidas de narcotráfico, transfiriendo narcóticos entre los tres barcos antes de los ataques.
Las autoridades y militares del ejército de Estados Unidos todavía no han aportado pruebas que demuestra sus afirmaciones.
El anuncio del miércoles no ofreció detalles sobre la localidad donde ocurrió el ataque. Solo indicó que los ataques ocurrieron en “aguas internacionales”.
El ejército estadounidense se convirtió objeto de un intenso escrutinio después de matar a los sobrevivientes de un ataque a principios de septiembre con un ataque posterior a su barco averiado.
En reacción al ataque mencionado que causó la muerte de los sobrevivientes, algunos legisladores demócratas y expertos legales ratificaron que los militares cometieron un delito, mientras que la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, y algunos legisladores republicanos enfatizaron que el ataque posterior fue legal.
Por lo tanto, el ejército ha notificado a la Guardia Costera que activara el sistema de búsqueda y rescate, pero no ha revelado más detalles sobre el destino de las personas a bordo de las otras embarcaciones.
Desde septiembre, EE.UU. ha llevado a cabo decenas de ofensivas en el mar Caribe y el Pacífico oriental, asesinando a 110 personas, en el marco de su llamada lucha contra drogas.
Expertos jurídicos, Gobiernos de varias naciones e incluso congresistas de EE.UU. han calificado los ataques letales como ejecuciones extrajudiciales, indicando que violan las leyes marítimas y los derechos humanos.
Aunque la administración estadounidense presenta sus operaciones como parte de una ofensiva “antinarcóticos”, tanto analistas, como Caracas, señalan que el verdadero objetivo es drenar los ingresos del Estado venezolano y robar los recursos naturales del país, en particular el crudo.
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