La liberación del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, ocurrida el 1 de diciembre tras recibir un indulto del mandatario estadounidense Donald Trump, marcó un giro dramático en un proceso judicial que lo había llevado a enfrentar una de las penas más severas impuestas a un exjefe de Estado en Estados Unidos: 45 años de prisión por narcotráfico y tráfico de armas. La noticia, celebrada de inmediato por su familia, reconfiguró el debate político en torno al caso y sus implicaciones internacionales.
La primera en pronunciarse fue su esposa, Ana García de Hernández, quien describió la jornada como un día “imposible de olvidar” y un auténtico “milagro”. En el mensaje con el que confirmó la excarcelación, agradeció a Dios y al presidente Trump “por devolvernos la esperanza y por reconocer una verdad que siempre supimos”. El indulto ya había sido anticipado días antes por Trump a través de Truth Social con un directo: “Felicidades a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto”.
¡Dios es fiel y nunca falla!
— Ana García de Hernández (@anagarciacarias) December 2, 2025
Ayer, lunes 1 de diciembre de 2025, vivimos un día que jamás olvidaremos. Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado… pic.twitter.com/OBjdAShAWo
Desde la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt defendió la decisión presidencial asegurando que el caso judicial representó un “claro sobreenjuiciamiento”, responsabilizando al expresidente Joe Biden por el manejo del proceso. Afirmó además que, pese a la evidencia presentada en su contra —incluyendo el envío de “toneladas de droga y armas” hacia Estados Unidos— Hernández habría sido víctima de una “trampa” por ser “opuesto a los valores de la anterior Administración”.
Juan Orlando Hernández, un perfil marcado por la dualidad
La figura de Hernández, presidente de Honduras entre 2014 y 2022, encarna una compleja superposición entre poder político, crimen organizado y relaciones geopolíticas. Su condena en Nueva York lo identificó como un operador clave en el tráfico de más de 400 toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense, aun cuando durante años fue considerado un aliado de Washington en materia de seguridad.
Su relación con círculos políticos estadounidenses, especialmente con líderes conservadores como el actual secretario de Estado, Marco Rubio, evidenció profundas tensiones dentro de la política exterior de EE.UU. Mientras Rubio lo elogiaba públicamente por su “lucha contra las drogas”, Hernández —según la justicia norteamericana— mantenía vínculos estrechos con el Cártel de Sinaloa. La participación de la firma de lobby BGR Group, que simultáneamente representaba al gobierno hondureño y financiaba campañas políticas en Estados Unidos, reforzó esa red de intereses cruzados.
El historial de Hernández con el narcotráfico se remontaba a años previos a su presidencia. Testimonios como el del exalcalde Alexander Ardón detallaron cómo, en su etapa como diputado, facilitó rutas fronterizas al propio Joaquín “El Chapo” Guzmán a cambio de sobornos millonarios. Durante su mandato, según la fiscalía, utilizó instituciones policiales y militares para asegurar el tránsito de cargamentos de droga, configurando lo que describieron como un verdadero “Estado narcotraficante”.
El indulto otorgado por Trump otorga algo más que libertad a Hernández: supone una rehabilitación política de una figura cuyo historial contradice, de manera directa, los actuales argumentos de Washington para intervenir militarmente en el Caribe. Mientras Rubio responsabiliza a países como Venezuela y Colombia por una crisis de fentanilo que no producen, y avala una operación militar cuyas consecuencias han sido mortales para pescadores civiles, su relación previa con Hernández expone profundas inconsistencias entre discurso y práctica.
zbg/rba
