El viernes, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció la revocación de visas de Alexandre de Moraes, y otros siete de los magistrados de la Corte Suprema y sus familiares por dictar nuevas medidas cautelares contra el expresidente ultraderecha Jair Bolsonaro, entre ellas, el uso de tobillera electrónica y la prohibición de acceder a sus redes sociales.
El alto tribunal dijo que las medidas fueron dictadas ante el posible riesgo de fuga del enjuiciado, acusado de liderar una intentona golpista contra el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva en enero de 2023. La corte también le prohibió a Bolsonaro acercarse a embajadas y comunicarse con diplomáticos extranjeros y con otros investigados o procesados en el caso por golpismo.
Rubio acusó a Moraes, el juez instructor en el proceso por golpismo contra Bolsonaro, de promover una supuesta “cacería de brujas” y violar derechos fundamentales y afirmó que las medidas cautelares dictadas por la Corte Suprema contra el exmandatario tienen impactos no solo sobre los ciudadanos brasileños, sino sobre los ciudadanos estadounidenses.
Las nuevas restricciones anunciadas por Washington han desatado una ola de ira dentro del gigante sudamericano. La ministra de Relaciones Institucionales de Brasil, Gleisi Hoffmann, calificó la medida de la Casa Blanca de una “ofensa al Poder Judicial brasileño y a la soberanía nacional”.
“Esa represalia agresiva y mezquina a una decisión del tribunal expone el nivel degradante de la conspiración de Jair Bolsonaro contra nuestro país”, aseguró Hoffmann al atribuir la sanción a las gestiones del líder ultraderechista para que Estados Unidos presione a Brasil con el fin de que se anule su juicio o se le conceda una amnistía.
Justicia de Brasil jamás se doblará a amenazas
Sin embargo, la ministra dijo que pese a las presiones e intimidaciones de Washington la Corte Suprema “cumplió el debido proceso legal con medidas en defensa de la Constitución y el Derecho, sin jamás haberse doblado a amenazas”.
El presidente estadounidense, el republicano Donald Trump, ha elevado el tono en las últimas semanas contra el Gobierno de Brasil, pidiéndole detener el juicio contra su aliado, Bolsonaro, quien se arriesga a 43 años de prisión.
Trump anunció la semana pasada un arancel adicional del 50 % a las importaciones de productos brasileños que justificó como una reacción al juicio contra el expresidente. Lula, por su parte, calificó la medida de una afrenta a la soberanía nacional de Brasil y prometió tomar represalias imponiendo impuestos a las empresas digitales estadounidenses.
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