“Desde el principio, esta Administración ha enviado el mensaje de que Estados Unidos ya no dará prioridad a los esfuerzos por exigir responsabilidades a la comunidad mundial sobre derechos humanos”, ha dicho la directora general de Promoción y Relaciones Gubernamentales en EE.UU. de la oenegé Amnistía Internacional (AI), Joanne Lin, en reacción a la publicación del informe, ayer viernes.
Al presentar el documento, el secretario de Estado en ejercicio, John Sullivan, había señalado explícitamente a los Gobiernos ruso, chino, iraní y norcoreano como “moralmente reprehensibles” por, según él, “violar a diario los derechos humanos dentro de sus fronteras y ser, en consecuencia, factores de inestabilidad”.
Sin embargo, la reacción de numerosas organizaciones humanitarias se ha centrado en las críticas a la omisión en el informe —el primero enteramente elaborado siendo presidente de EE.UU. Donald Trump— de “conocidos violadores de los derechos humanos”.
Lin, en concreto, ha declarado que “la deferencia de la Administración de Trump hacia conocidos violadores de derechos humanos como los Gobiernos de Arabia Saudí y Turquía nos hace escépticos de que estos informes ofrezcan una imagen completa de la situación de los derechos humanos en todo el mundo”.
Otra oenegé similar, la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW), ha puesto el acento de su crítica en cómo el Gobierno estadounidense carga las tintas contra los países a los que considera rivales, mientras guarda silencio sobre aquellos con los que mantiene buenas relaciones.
Desde el principio, esta Administración ha enviado el mensaje de que Estados Unidos ya no dará prioridad a los esfuerzos por exigir responsabilidades a la comunidad mundial sobre derechos humanos”, denuncia la directora general de Promoción y Relaciones Gubernamentales en EE.UU. de la oenegé Amnistía Internacional (AI), Joanne Lin.
Un responsable de promoción de los derechos humanos de HRW, John Sifton, ha observado, citado por el diario The New York Times, que “este tipo de cambios hace que el informe parezca menos justo y, por lo tanto, menos creíble en todo el mundo”.
Por su parte, el Ministerio iraní de Asuntos Exteriores ha condenado como “parcial y politizado” el documento a través de su portavoz, Bahram Qasemi, quien ha señalado que Washington, al que ha acusado de ser “el mayor violador de los derechos humanos del mundo”, muestra una “imagen distorsionada e irreal de la situación vigente en Irán”.
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