Con 75 votos a favor, 47 en contra y 14 abstenciones, la Asamblea Nacional de Ecuador ha destituido este miércoles el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, quien cumple una orden de prisión preventiva desde mayo por un delito de abuso sexual.
“El Pleno de la Asamblea Nacional, con 75 votos afirmativos, censuró y destituyó al defensor del Pueblo, Freddy Carrión Intriago, por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la ley en el ejercicio de su cargo”, ha informado el organismo legislativo mediante un comunicado.
Según la resolución legislativa, se ha aprobado, además de su censura y destitución, remitir el expediente a la Fiscalía y a la Contraloría General del Estado ecuatoriano, para iniciar las “investigaciones y examen especial” respectivamente, en el marco de sus competencias.
Asimismo, la moción ha encargado al Ministerio de Trabajo de Ecuador a registrar la censura y destitución de Carrión de su cargo de Defensor del Pueblo y, en consecuencia, disponerle “la prohibición de ejercer algún cargo en el sector público durante el tiempo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa (dos años)”.
Con 75 votos, se aprueba la moción de censura y destitución del titular de la @DEFENSORIAEC, @freddcarrion, por incumplimiento de funciones en el ejercicio de su cargo. pic.twitter.com/euwOTr9NVy
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) September 15, 2021
Carrión se encuentra actualmente en prisión preventiva acusado de un delito de abuso sexual durante una fiesta realizada el 5 de mayo en la vivienda del exministro de Salud Mauro Falconi, en pleno estado de excepción por la pandemia de coronavirus, adonde habría llegado en su coche oficial y con seguridad policial.
En este sentido, la resolución recomienda iniciar de “un proceso de fiscalización y control político” en contra del exministro de Salud, “y, de ser procedente, se instaure el correspondiente juicio político”.
Sin embargo, Carrión, por su parte, niega haber participado en una “fiesta clandestina” y asegura que “hay pruebas forjadas a fin de perjudicarlo”, considerando el proceso en su contra como una persecución política por su actuación durante las protestas antigubernamentales de octubre de 2019, cuando denunció crímenes de lesa humanidad que ocurrieron en el marco de las manifestaciones y exigió investigar la responsabilidad del expresidente Lenín Moreno, en los incidentes.
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