En Ecuador, mientras las víctimas del paro nacional de octubre pasado, se agremian para enfrentar la represión de los aparatos estatales, el Gobierno de Moreno se empecina en negar las violaciones contra los derechos humanos.
No quieren saber de Comisiones de la Verdad, manejadas por élites políticas, ni de investigaciones forenses manejadas por los oficiales acusados de la represión, quienes exigen transparencia, verdad, justicia y reparación de inmediato.
Se trata de una asociación de ciudadanos que aglutina a los familiares de las 11 víctimas mortales de las jornadas de protesta de octubre pasado, además familiares de los más de 1300 heridos, y aquellos que vieron desmembrados sus órganos.
Esta organización busca tener personería jurídica, para acelerar los procesos investigativos por atentados contra los derechos humanos perpetrados, un tema que pretende echarse tierra desde el Ejecutivo, para ellos, utilizando incluso sistemas de espionaje.
En un acto paralelo el canciller de Ecuador, José Valencia, ha relanzado una plataforma de información y análisis sobre la situación, para el real, de los derechos humanos, persistiendo en negar abusos de su gobierno.
La primera acción que tomará esta asociación es solicitar a la Corte Constitucional que ordene la desclasificación de documentos reservados y secretos, de los aparatos gubernamentales de seguridad, al tratarse de una investigación abierta por violaciones contra los derechos humanos.
Robinson Robles, Quito.
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