Estados Unidos en su línea habitual de embate contra la isla anunció el jueves más sanciones a tres ciudadanos cubanos en base a la Ley Magnitsky —una norma en EE.UU. que persigue a extranjeros acusados de corrupción y violación de derechos humanos— por supuestas violaciones de DD.HH. en el marco de las manifestaciones de mediados de julio.
La nueva ronda de medidas hostiles de Washington apunta contra Andrés Laureano González Brito, el jefe del Ejército Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba; Roberto Legra Sotolongo, subjefe del Estado Mayor y jefe de la Dirección de Operaciones de las FAR, y Abelardo Jiménez González, jefe de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios, que pertenece al Ministerio de Interior (Minint).
La respuesta no ha tardado en llegar desde la isla. De hecho, ha sido el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, el encargado de transmitirla.
“Rechazo persistentemente el afán estadounidense de agredir a Cuba y a los cubanos, y de reforzar el bloqueo económico”, ha escrito este viernes en su cuenta de Twitter, el jefe de la Diplomacia cubana, horas después de que la Administración estadounidense de Joe Biden hiciese público los castigos.
Las autoridades cubanas han rechazado en múltiples ocasiones las sanciones y acusaciones en torno a los disturbios del 11 de julio, que se produjeron en rechazo a la compleja situación económica que reina en el país caribeño como resultado del recrudecimiento de más de seis décadas del bloqueo estadounidense.
En este sentido, en la reciente ronda de restricciones, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro, informó de sanciones contra la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).
Es más, el presidente Joe Biden, quien se creía ser más blando que su antecesor Donald Trump respecto a Cuba, anunció que habría más castigos, salvo que ocurra un “cambio drástico” en la gestión política del país caribeño.
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