Por: Iqbal Jassat *
En otro golpe fatal a su estatus de paria como régimen fuera de la ley, la entidad colonizadora asentada en Tel Aviv ha sido nuevamente hallada en grave violación del derecho internacional.
Aunque tardía, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió el miércoles una sentencia enérgicamente redactada, declarando que el régimen israelí debe permitir la entrada de la ayuda humanitaria urgente a la Franja de Gaza y asegurar que se cubran las necesidades básicas de supervivencia de la población allí.
“La corte considera que Israel tiene la obligación de aceptar y facilitar los programas de ayuda proporcionados por las Naciones Unidas y sus entidades, incluyendo la UNRWA”, afirmó el presidente de la CIJ, Yuji Iwasawa.
La corte subrayó que, como potencia ocupante, Israel debe garantizar los elementos esenciales para los civiles en el territorio asediado, incluidos alimentos, agua y otros suministros críticos.
“Como potencia ocupante, Israel tiene la obligación de asegurar las necesidades básicas de la población local, incluidos los suministros esenciales para su supervivencia”, agregó Iwasawa.
Mientras el mundo observa cómo entra en vigor un frágil alto el fuego después de dos años de bombardeos implacables y crueldades devastadoras infligidas a la población sitiada de Gaza, el régimen de Netanyahu ha sido nuevamente acorralado y expuesto como genocida.
Ninguna de las numerosas excusas utilizadas por el régimen sionista para justificar sus políticas malignas de usar el hambre como arma y la inhumana negación de suministros vitales ha sido aceptada por la Corte Mundial de La Haya.
Como era de esperar, el régimen genocida encabezado por criminales de guerra ha desestimado la sentencia como políticamente motivada. Tales respuestas automáticas, que incluyen el rechazo a la CIJ, son completamente predecibles y se alinean con lo que la comunidad internacional ha escuchado de Israel durante los últimos 24 meses de genocidio.
Sin embargo, el rechazo no exime al régimen de las implicaciones legales, morales y políticas derivadas de la sentencia de la CIJ.
Igualmente, condenatorio es el hallazgo de que no existe evidencia alguna de que miembros de la UNRWA estuvieran afiliados al Movimiento de Resistencia Islámica de palestina (HAMAS). Este mito, como sabemos y hemos escrito extensamente, fue fabricado deliberadamente y promovido ampliamente por el régimen y su ejército de agentes de Hasbará, para justificar la destrucción de las instalaciones de la UNRWA y la masacre de sus miembros.
En su declaración, HAMAS reprendió a Israel, señalando que la sentencia de la CIJ confirma que el régimen comete actos de genocidio al privar deliberadamente de alimentos a los palestinos y que no puede imponer legalmente políticas de asentamiento en los Territorios Palestinos Ocupados.
“La decisión de la CIJ que prohíbe el uso del hambre como método de guerra confirma que la ocupación, que deliberadamente mata de hambre a los palestinos, está cometiendo una forma de genocidio”, declaró HAMAS.
Añadió que la sentencia es un claro llamado a la comunidad internacional para que “actúe de inmediato para garantizar la entrada de ayuda humanitaria y evitar su politización o el uso de esta como herramienta de coerción por parte de la ocupación”.
Según un informe de The Guardian, una interpretación crucial de la sentencia significa que Israel ha violado las inmunidades de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tal como están establecidas en la carta de la ONU, además de ignorar sus obligaciones humanitarias como potencia ocupante bajo las convenciones de Ginebra.
Esto, por lo tanto, conducirá a más llamados para la suspensión de Israel de las Naciones Unidas. Una consecuencia adicional de la sentencia hace posible que los estados miembros del organismo mundial busquen compensaciones del régimen de Tel Aviv por la violación de las inmunidades de las instalaciones del personal de la ONU.
Buscar responsabilidad y compensación por los bombardeos a instalaciones de la ONU y poner fin a la cooperación con la UNRWA es un derecho que debe ser invocado por los estados miembros de la ONU.
Los jueces de la CIJ también determinaron que los traslados masivos o deportaciones de una población en un territorio ocupado están prohibidos bajo las Convenciones de Ginebra. Afirmaron que Israel no tiene derecho a bloquear la ayuda, ni a forzar a cientos de miles de personas a desplazarse a áreas congestionadas o a restringir la presencia de la ONU “hasta un punto que cree condiciones de vida que obliguen a la población a irse”.
“La potencia ocupante nunca podrá invocar razones de seguridad para justificar la suspensión general de todas las actividades humanitarias en el territorio ocupado”, subrayó el juez Yuji Iwasawa al entregar la opinión, que también señaló que Israel tiene la obligación de asegurar que se cubran las necesidades básicas de los civiles en Gaza.
“Tras examinar las pruebas, la corte concluye que la población local en la Franja de Gaza ha sido suministrada de manera insuficiente”, remarcó.
Philippe Lazzarini, comisionado general de la UNRWA, dio la bienvenida a la “clarísima” opinión legal en una publicación en X y declaró que la ONU tiene los recursos para “ampliar de inmediato” la respuesta humanitaria en el territorio.
El proceso de la CIJ es independiente de la investigación sobre los crímenes de guerra de Israel en Gaza que está llevando a cabo la Corte Penal Internacional (CPI), otro organismo legal internacional con sede en La Haya, Países Bajos.
A finales del año pasado, la CPI emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Asuntos Militares, Yoav Gallant, las cuales ningún país ha implementado hasta el momento, incluidos los estados miembros de la CPI.
En su resumen de la sentencia de la CIJ, Sky News indicó que fue un veredicto que llegó lentamente, y con algunas de sus críticas escondidas en subcláusulas y lenguaje legal.
“Pero si uno reúne los elementos, fue un ataque sumamente crítico al comportamiento de Israel en los territorios ocupados. No solo en Gaza, sino también en Cisjordania y Jerusalén (Al-Quds) Este”, apuntó.
Mientras Netanyahu desestima la sentencia, ni él ni su banda de criminales de guerra pueden negar que es otro clavo en el ataúd del sionismo y que la presión contra el régimen se intensificará.
* Iqbal Jassat es miembro ejecutivo de la Red de Revisión de Medios, Johannesburgo, Sudáfrica.
Texto recogido de un artículo publicado en Press TV.
