El asesinato de Eduardo Ruiz durante las protestas en Lima desató nuevas tensiones políticas y sociales en Perú. Tras confirmarse que un policía fue el autor del disparo, el Congreso abrió una denuncia constitucional contra el presidente José Jerí. El caso refleja el creciente cuestionamiento al uso de la fuerza estatal frente a la protesta ciudadana.
En los últimos años, las fuerzas policiales y militares han sido responsables de la muerte de manifestantes. Solo durante el gobierno de Dina Boluarte se registraron más de 50 muertos y cientos de heridos.
José Jerí declaró el estado de emergencia en Lima y el Callao por el aumento de la violencia. La medida, que restringe derechos y militariza las calles, se repite una vez más sin haber resuelto antes la inseguridad.
Un total de 34 civiles —incluidos tres menores— fueron atendidos en hospitales por la represión, según la Defensoría del Pueblo. El Minsa reportó además 80 agentes afectados.
Aarón Rodríguez, Lima
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