Al mismo tiempo, el Congreso consolidó un pacto con otras instituciones del Estado y aprobó leyes cuestionadas por favorecer al crimen, mientras la economía se deterioraba y expresidentes eran encarcelados por corrupción y rebelión.
Durante 2025, el Congreso de Perú promovió normas duramente criticadas, mientras la economía permaneció estancada. Hacia el final del año, Dina Boluarte fue vacada y José Jerí asumió la presidencia, sin avances significativos frente a la criminalidad, principal problema del país.
Desde el inicio del mandato de Dina Boluarte, el Congreso aprobó ocho leyes que favorecen al crimen organizado, lo que desencadenó —y continúa desencadenando— protestas en el Perú.
Mientras tanto, el crecimiento del PBI del Perú apenas supera el 3 %. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), se prevé una desaceleración en la expansión de la economía peruana.
Con el aumento de los asesinatos por extorsión y la aprobación de leyes cuestionadas, el gobierno peruano cierra el año en marcada inestabilidad política, a puertas de unas elecciones presidenciales de 2026 igualmente inciertas.
Aarón Rodríguez; Lima.
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