La funcionaria consideró el miércoles a Lula como “inelegible” por estar condenado a 12 años y un mes de cárcel por presunta corrupción y lavado de dinero, y enfatizó que él solo puede participar en la campaña electoral tras cumplir ocho años de la pena.
“Debe procederse al rechazo preliminar de la solicitud, sin ningún otro efecto jurídico que habilite al impugnado a ser considerado candidato ‘sub judice’”, señaló la procuradora en una petición remitida al vicepresidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Luís Roberto Barroso, juez que investiga el caso de Lula.
Hay otras dos impugnaciones contra la candidatura del expresidente brasileño (2003-2010) que fueron presentadas por Kim Kataguiri, uno de los líderes del Movimiento Brasil Libre (MBL) y candidato a diputado federal por el partido Demócratas (DEM), y por el actor Alexandre Frota, también aspirante a la Cámara, por el Partido Social Liberal (PSL).
Las reacciones se produjeron luego de que el Partido de los Trabajadores (PT) registrara la candidatura de su fundador, líder de los sondeos electorales, confiando en que saliera pronto de prisión e hiciera la precampaña para las elecciones presidenciales del 7 de octubre.
Debe procederse al rechazo preliminar de la solicitud, sin ningún otro efecto jurídico que habilite al impugnado a ser considerado candidato ‘sub judice’”, señaló la procuradora general de Brasil, Raquel Dodge, en una petición remitida al vicepresidente del Tribunal Superior Electoral (TSE).
Últimas encuestas confirman que Lula cuenta con un 30 % de la intención de voto y derrotaría a sus rivales en segunda vuelta, si no fuera inhabilitado. El plazo máximo para examinar la viabilidad legal de la candidatura de Lula es el 17 de septiembre.
En caso de que fuera eliminado de la lista de aspirantes, el ultraderechista Jair Bolsonaro (17 %) encabezaría los sondeos, seguido por la ecologista Marina Silva (13 %), el laborista Ciro Gomes (8 %) y el socialdemócrata Geraldo Alckmin (6 %), en un escenario con cerca de un 50 % de electores indecisos.
Lula que asegura ser blanco de persecución política, ve su encarcelamiento como “la fase más reciente de un golpe de Estado” diseñado para evitar que no sea reelegido en las presidenciales.
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