• Un miembro de la unidad antiterrorista de Bolivia durante una misión en La Paz, capital, 3 de diciembre de 2019. (Foto: AFP)
Publicada: sábado, 28 de diciembre de 2019 9:37

El Parlamento del Mercosur (Parlasur) advierte del agravamiento de la crisis política en Bolivia y censura la amenaza de su gobierno “ilegal” sobre las embajadas.

En un comunicado emitido el viernes, la Bancada Progresista de la entidad regional enfatiza que el gobierno de facto de la presidenta autoproclamada Jeanine Áñez carece de legitimidad y arremete por desconocer las normas internacionales y vulnerar la seguridad de las embajadas y las delegaciones diplomáticas que se presentan en el país andino.

Tras haber expresado su solidaridad con las sedes diplomáticas que han sido objeto de amenazas y hostigamiento del gobierno de Áñez, el organismo critica que el orden democrático fuera roto una vez más en Bolivia por las acciones de las autoridades actuales y las acusa de recurrir a medidas que “agravan la crisis política”.

Al respecto, menciona el cerco impuesto a la embajada de México, país que ofreció asilo al presidente depuesto boliviano Evo Morales, el retiro de Bolivia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), así como su ingreso al denominado ‘Grupo de Lima’ para ayudar a este bloque regional a promover su estrategia golpista en Venezuela.

 

La Bancada Progresista, que es un espacio que articula a los parlamentarios de izquierda de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Venezuela y Uruguay en el Parlasur, denuncia también persecución política de los integrantes del Movimiento al Socialismo (MAS), formación liderada por Morales, y la orden de detención que el gobierno de facto ha emitido contra el exmandatario indígena y algunos funcionarios de su Administración.

“Debido a la persecución a autoridades y líderes de organizaciones sociales afines al MAS no existen las debidas garantías para encarar un proceso electoral transparente y democrático”, alerta.

La comisión de Derechos Humanos del Parlasur dio a conocer el pasado domingo un informe en que denunció la violación sistemática de los derechos humanos por el gobierno de facto de Bolivia.

Desde el golpe de Estado del 10 de noviembre, el gobierno golpista impulsa una persecución política contra miembros del MAS y personas afines, entre ellos su máximo dirigente Evo Morales.

Él, que había sido reelegido en octubre para un cuarto mandato, debido a una persecución contra sus simpatizantes y la falta de apoyo de la Policía y las Fuerzas Militares, se vio obligado a renunciar y viajó a México. 

Desde entonces, las relaciones entre Bolivia y México atraviesan momentos de tensión debido a la negativa del Gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a reconocer el gobierno de Jeanine Áñez, quien se autoproclamó presidenta de Bolivia, luego de la renuncia forzada de Morales.

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