• Hombres armados pasan frente a una casa en llamas en una aldea en el estado de Rajine, en el norte de Myanmar, 7 de septiembre de 2017. (Foto: AFP)
Publicada: jueves, 14 de noviembre de 2019 17:56
Actualizada: jueves, 14 de noviembre de 2019 19:25

La Corte Penal Internacional (CPI) autoriza investigar los crímenes que cometieron el Ejército y los budistas de Myanmar (Birmania) contra la minoría Rohingya.

En un comunicado publicado hoy jueves, la Corte, con sede en La Haya (Países Bajos), ha permitido a su Fiscalía adelantar un estudio por presuntas acciones de lesa humanidad dentro de la jurisdicción de la CPI, entre ellas la violencia y deportaciones forzadas que sufrieron dicha minoría musulmana.

“Existe una base razonable para creer que se han cometido actos de violencia generalizados y/o sistemáticos que podrían calificarse como crímenes contra la humanidad”, han concluido los jueces.

El Tribunal, de este modo, ha dado luz verde a la apertura de las pesquisas que solicitó el 4 de julio la Fiscalía por la presunta persecución y deportación forzada de los Rohingya del territorio birmano al país vecino, Bangladés, una medida que podría definirse crimen de lesa humanidad.

Existe una base razonable para creer que se han cometido actos de violencia generalizados y/o sistemáticos que podrían calificarse como crímenes contra la humanidad”, han concluido los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la violencia contra los Rohingya por el Ejército y las tribus budistas.

 

La fiscal Fatou Bensouda ya había abierto en septiembre de 2018 una investigación preliminar sobre el tema, pero la oficina que encabeza exigió en julio un examen completo. Con la autorización de este jueves, la Fiscalía puede utilizar los testimonios que la Corte ha recibido de “cientos de miles de supuestas víctimas” y emitir eventualmente órdenes de arresto internacionales.

Aunque Myanmar no acepta la jurisdicción de la CPI, porque no ha ratificado el Estatuto de Roma —carta fundacional del Tribunal—, pero la Corte se declaró el año pasado competente para realizar investigaciones argumentando que los supuestos crímenes se habrían terminado de cometer en territorio de Bangladés, país que forma parte del tratado de la CPI.

A partir de ahora, la Fiscalía podrá recabar evidencias tanto en Bangladés como en cualquier Estado parte del Estatuto de Roma.

La violencia contra los Rohingya por el Ejército y las tribus budistas se intensificó en agosto de 2017. Miles de musulmanes fueron asesinados y más de 740 000 sobrevivieron huyendo del país.

Un informe de la Agencia de Desarrollo Internacional de Ontario (OIDA, por sus siglas en inglés) demuestra que más de 115 000 casas de los Rohingya, la mayoría ubicadas en el estado de Rajine (oeste de Myanmar), fueron quemadas y otras 113 000 fueron destrozadas por las fuerzas estatales.

Muchas organizaciones pro derechos humanos han condenado la mortífera represión contra los Rohingya y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) habla de “limpieza étnica”.

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