La Sala Constitucional del máximo tribunal de Venezuela anunció la noche del jueves "la constitucionalidad" del decreto presidencial dictado el 11 de marzo, mediante el cual se "prorroga por sesenta (60) días" el plazo establecido en el decreto de emergencia económica del 14 de enero, que declaró "el estado de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional".
El mandatario pidió a finales de la semana pasada a la Asamblea Nacional (AN) que autorizara la extensión por 60 días del decreto de emergencia que acordó en enero para afrontar la compleja crisis económica que atraviesa Venezuela, decreto había sido rechazado por ese órgano legislativo.
Es lamentable la decisión de la Asamblea Nacional de ponerse de espaldas al país una vez más. Lo rechazo totalmente, lo repudio", dijo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al lamentar la negativa del Parlamento.
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— HispanTV (@Hispantv) March 15, 2016
La coalición opositora, Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que domina la AN, había fundamentado su rechazo al decreto de Maduro en que "la mayoría de las medidas contempladas en el decreto no requieren de la declaración de un estado de emergencia económica, por lo que carece de justificación la prórroga".
Al respecto, el presidente Maduro dijo la noche del jueves que es "lamentable la decisión de la Asamblea Nacional de ponerse de espaldas al país una vez más. Lo rechazo totalmente, lo repudio".
La oposición venezolana ya había usado un argumento similar al negar la convalidación de la emergencia, pero el 11 de febrero el TSJ -acusado por la MUD de servir al Gobierno chavista- la dejó en firme.
A raíz del primer fallo, la oposición decidió acelerar su estrategia para anticipar la salida del poder de Maduro mediante un referendo revocatorio y una enmienda constitucional que acorte el mandato, junto con movilizaciones que exijan su renuncia, medidas con las que los opositores tras triunfar en los comicios parlamentarios el año pasado, ya amenazaron al Gobierno bolivariano.
Mientras tanto el presidente Maduro acusa a los opositores de emprender una especie de “guerra económica” y asegura que estos no tienen la intención de solucionar los problemas económicos que vive el país y añadió que temas delicados deben ser tratados con prudencia y no bajo alegatos sin argumento.
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