La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos levantó el viernes las duras sanciones al petróleo de Venezuela, emitiendo una licencia general a las multinacionales como la estadounidense Chevron, la española Repsol, la italiana Eni y las británicas BP y Shell a fin de que reanuden sus actividades petroleras y gasíferas en el país sudamericano.
Ante esta coyuntura, el embajador de Rusia en Venezuela, Serguéi Melik-Bagdasárov, destacó el sábado que Washington recurre a prácticas desleales con el objetivo de expulsar de Venezuela a los negocios rusos e internacionales que considera “no deseados”.
También detalló que las acciones estadounidenses se sustentan en limitaciones económico-financieras y en sanciones extraterritoriales que violan el derecho internacional.
Melik-Bagdasárov señaló que la finalidad de dichas medidas adoptadas por EE.UU. es desplazar a los participantes rusos y otros actores extranjeros del mercado venezolano, añadiendo que las restricciones estadounidenses buscan abrir espacio, mediante prácticas de competencia desleal, a estructuras bajo control de EE.UU.
Al recordar que los funcionarios estadounidenses reconocen abiertamente esta política en sus discursos públicos, recalcó que “ciertos proyectos se ven obligados a adaptarse a la presión de las sanciones”, con ajustes en plazos y formatos de trabajo.
Melik-Bagdasárov destacó que el ataque estadounidense del 3 de enero contra Venezuela marcó un hito en las relaciones bilaterales entre los dos países.
Igualmente, reafirmó que, pese a la presión estadounidense, las empresas rusas mantendrán su presencia y cooperación con socios venezolanos.
El jueves, el presidente de EE.UU., Donald Trump, destacó los avances en el sector energético venezolano, afirmando que las ventas de crudo de este país beneficiarán “pronto” al pueblo venezolano. “El petróleo está comenzando a fluir, y grandes cantidades de dinero, no vistas en muchos años, pronto beneficiarán enormemente al pueblo venezolano”, dijo.
Washington alega que su objetivo es atraer inversiones para reactivar la producción petrolera de Venezuela y mejorar la economía del país fuertemente afectada por sanciones estadounidenses, aunque los analistas señalan que los beneficios significativos podrían tardar entre 5 y 10 años.
Trump y otros altos cargos de su Gobierno se han arrogado el control unilateral de la industria petrolera venezolana por tiempo “indefinido”, tras aseverar que solo Washington autorizará las ventas de crudo procedentes del país suramericano.
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