En un comunicado, emitido este lunes, el Poder Judicial ha dejado en claro que la falsa afirmación sobre el traslado y detención de alborotadores heridos en la prisión de Fashafouyeh en la provincia de Teherán, en lugar de centros médicos, carece de validez legal.
“Con el fin de ofrecer claridad y, en contraste con las afirmaciones realizadas, la prisión cuenta con más de 90 miembros del personal médico, incluidos médicos, enfermeros y personal de salud, y brinda atención médica a los presos de manera continua las 24 horas”, especifica la nota.
En este contexto, recuerda que, “de acuerdo con el artículo 55 del reglamento, un prisionero que padezca una enfermedad grave o tenga condiciones físicas críticas, o que esté herido o lesionado, no será admitido hasta que su situación se estabilice y se recupere, y será referido por los oficiales correspondientes a un centro médico”.
“Cabe señalar que, en todas las cárceles, todos los presos, sin excepción, reciben atención médica gratuita y las 24 horas, y bajo ninguna circunstancia es posible el cierre de los centros de salud en las prisiones”, precisa el Poder Judicial.
Indica también que el artículo 137 del reglamento establece que los presos son trasladados a centros médicos fuera de la prisión durante su condena cuando sea necesario para tratamiento o atención médica.
“Asimismo, de acuerdo con el artículo 138 de este reglamento legal, todos los presos, sin excepción, son sometidos a un examen médico completo al ingresar a los centros penitenciarios, y, si es necesario, se les brinda tratamiento o se les remite a otros centros médicos”, ha destacado.
Mientras tanto, la Dirección General de Prisiones de Teherán también ha comunicado que la admisión de individuos heridos o en condiciones físicas críticas en la prisión viola las regulaciones de la organización de Prisiones Estatales del país.
Las protestas pacíficas comenzaron en Irán el 28 de diciembre, en particular por la depreciación de la moneda nacional, pero se tornaron violentas con la infiltración de hombres armados y alborotadores, apoyados desde el exterior, entre los manifestantes.
Los funcionarios iraníes consideran los disturbios como parte de una campaña coordinada por Estados Unidos y el régimen de Israel, cuyo objetivo es desestabilizar Irán luego de su fracaso en la guerra de 12 días.
Unas 3117 personas perdieron la vida; 2427 eran civiles y fuerzas de seguridad del país, mientras que los otros 690 eran terroristas, según la Fundación para Asuntos de Mártires y Veteranos de Irán.
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