Por: Yousef Ramazani
En las últimas semanas, el Parlamento Europeo ha promulgado una serie de medidas hostiles contra la República Islámica de Irán, presentándolas como una respuesta a los acontecimientos ocurridos en el país.
Un análisis más detallado revela un patrón de acciones altamente politizadas, basadas en narrativas falsas, dobles raseros flagrantes y una alineación explícita con una agenda geopolítica más amplia destinada a desestabilizar Irán.
Según los observadores políticos, estas medidas representan una escalada calculada, caracterizada por una negativa a reconocer la compleja realidad de los disturbios y el terrorismo en el país, así como una disposición a utilizar afirmaciones no verificadas para justificar acciones punitivas.
Esta campaña, que incluyó la inédita prohibición física de los diplomáticos iraníes y nuevos llamados a designar al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) como una entidad “terrorista”, surgió tras los disturbios mortales en Irán, respaldados por fuerzas extranjeras, que mataron a miles de personas, la mayoría civiles.
Los legisladores europeos se basaron en información de organizaciones y centros de estudios con un historial documentado de promover el “cambio de régimen”, lo que, sumado a un marcado contraste con la parálisis de la institución respecto a otras crisis internacionales, reveló un principio de aplicación selectiva.
Marco construido sobre narrativas no verificadas y politizadas
Las resoluciones legislativas y las condenas públicas emitidas por el Parlamento Europeo en las últimas semanas se basaron en una narrativa específica y altamente controvertida sobre los hechos en Irán.
Las declaraciones oficiales del parlamento citaron cifras de víctimas que oscilaban entre varios miles y más de dieciséis mil, presentándolas como un hecho autoritativo que exigía una respuesta internacional urgente.
Estas cifras no procedían de las autoridades iraníes ni de observadores internacionales neutrales sobre el terreno, sino que se originaron principalmente en una red de grupos de defensa externos, incluidos el Centro de Derechos Humanos de Irán, con sede en Nueva York, y el Centro Abdorrahman Boroumand.
Los modelos operativos y las estructuras de financiamiento de estas organizaciones son de dominio público, mostrando un apoyo financiero significativo del Congreso de EE.UU. a través de la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), una institución con un historial bien documentado de financiar movimientos opositores políticos en países como la República Islámica de Irán.
Las autoridades iraníes desafiaron la veracidad de estas afirmaciones sobre las víctimas, presentando análisis forenses que identificaron pruebas fabricadas, incluidas listas de mártires con nombres de personas que habían fallecido por causas naturales o, en algunos casos documentados, estaban demostrablemente vivas.
La decisión del Parlamento Europeo de basar medidas políticas de gran alcance, incluidas las solicitudes de nuevas sanciones y el ostracismo diplomático, en datos generados externamente comprometió la credibilidad objetiva de su postura sobre la situación dentro de Irán.
Este enfoque estableció un precedente preocupante, donde se otorgó más peso a la información proveniente de actores políticamente motivados en el extranjero que a las investigaciones y pruebas oficiales nacionales, creando una desconexión factual que impidió una comprensión equilibrada de la situación.
Conflación deliberada de protesta civil y violencia armada
Un defecto central y recurrente en la postura más reciente del Parlamento Europeo fue su sistemática conflación de las protestas civiles pacíficas de finales de diciembre con el sabotaje violento orquestado de principios de enero.
En sus resoluciones y en las declaraciones de su liderazgo, incluida la presidenta Roberta Metsola, el Parlamento Europeo describió de manera consistente las acciones del gobierno iraní como una “represión brutal” uniforme contra los ciudadanos que ejercían derechos fundamentales.
Esta narrativa omitió deliberadamente el contexto documentado proporcionado por las agencias de seguridad iraníes, que detallaron la participación de grupos armados que recibían apoyo en inteligencia, logística y financiamiento de actores externos, específicamente los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel.
Estos grupos estuvieron implicados en ataques a personal de seguridad, el vandalismo de infraestructura pública crítica y actos de terrorismo diseñados para sembrar el pánico y crear mártires para una narrativa mediática.
Al negarse a diferenciar entre los ciudadanos que expresaban agravios económicos y los actores respaldados por fuerzas extranjeras involucrados en actos de violencia, el Parlamento Europeo promovió una narrativa monolítica que exoneraba implícitamente a los saboteadores violentos de cualquier responsabilidad.
Esta narrativa también invalidó el derecho inherente y el deber de cualquier estado soberano de mantener el orden público, proteger a sus ciudadanos de la violencia y enfrentar lo que identificaba como campañas de desestabilización respaldadas desde el exterior.
Estrategia retórica que no era nueva, sino que reflejaba la postura del Parlamento durante los disturbios de 2022, cuando se emitieron condenas a las medidas de seguridad iraníes sin un reconocimiento significativo de los ataques terroristas simultáneos en Shiraz e Izeh, que resultaron en importantes víctimas civiles.
Instrumentalización geopolítica y defensa abierta del “cambio de régimen”
Las medidas punitivas promovidas y adoptadas este mes fueron vinculadas por los miembros del Parlamento Europeo a aspiraciones que iban mucho más allá de la contención de los disturbios.
El impulso para designar al CGRI como una organización “terrorista” y la simbólica prohibición de los diplomáticos iraníes sirvieron no solo como herramientas punitivas, sino también como instrumentos de presión política.
Este objetivo fue explicitado por figuras como la eurodiputada alemana Hannah Neumann, presidenta de la delegación del Parlamento para las relaciones con Irán, quien declaró públicamente que la República Islámica se encontraba en un “estado de colapso”.
Tales pronunciamientos transformaron efectivamente al Parlamento Europeo de un foro para el diálogo diplomático en una plataforma que abiertamente celebraba la caída del gobierno de un estado miembro de la ONU, según analistas políticos.
Esta orientación encuentra un contexto histórico en la composición de listas anteriores de sanciones de la Unión Europea (UE), que incluyeron entidades como “Friends of Free Iran” e individuos como el ex eurodiputado Alejo Vidal-Quadras, todos ellos públicamente comprometidos con el objetivo de cambiar el régimen en Teherán.
Muchos de los eurodiputados que en su momento se pronunciaron con firmeza contra Irán, al igual que los de hoy, son colaboradores de largo plazo del culto terrorista Organización Muyahidín Jalq (MKO, por sus siglas en inglés) y lobbistas del régimen israelí.
Las acciones del Parlamento en enero de 2026 se alinearon así con una estrategia más amplia, respaldada externamente, de aplicar presión máxima para fomentar la disrupción interna, una estrategia políticamente y financieramente respaldada por mecanismos como la Fundación Nacional para la Democracia financiada por Estados Unidos.
El llamado abierto al colapso alteró fundamentalmente la naturaleza del compromiso de la UE, transformándola de un interlocutor crítico en un participante activo en un conflicto híbrido, dañando gravemente cualquier perspectiva de un diálogo basado en la confianza.
Parálisis de doble rasero: Contraste con la inacción sobre Gaza
El rápido activismo legislativo demostrado por el Parlamento Europeo hacia Irán contrasta de manera llamativa con su inercia comparativa en otros lugares, como Gaza o Venezuela.
El punto de comparación más destacado es la genocida guerra israelí en Gaza, donde más de dos años de agresión militar han matado a más de 70 000 palestinos, un hecho incluso documentado por agencias de la ONU y organizaciones humanitarias internacionales.
Durante este período, el Parlamento Europeo no ha adoptado sanciones comparables, ni ha propuesto imponer un veto diplomático a los funcionarios del régimen israelí, algunos de los cuales están sujetos a órdenes de arresto por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra.
El ministro de Exteriores iraní, Seyed Abás Araqchi, destacó públicamente esta discrepancia, señalando la libertad de movimiento disfrutada por dichos funcionarios dentro del espacio aéreo europeo.
Esta disparidad demostró que la invocación de principios de derechos humanos por parte del Parlamento no era una doctrina aplicada de manera universal, sino una herramienta desplegada selectivamente.
El marcado contraste ha expuesto una vez más la hipocresía y revelado un sesgo geopolítico discernible, en el que las acciones de entidades aliadas se reciben con deliberación prolongada y respuestas mitigadas, mientras que las acciones de estados independientes como Irán desencadenan condenas inmediatas y severas.
Según analistas, este doble rasero ha socavado nuevamente la autoridad moral que el Parlamento buscaba proyectar y sugiere que la alineación estratégica, más que un principio consistente, fue el principal motor de sus acciones de política exterior.
Paralelismos históricos: Repitiendo el guion de 2022
Las medidas adoptadas en enero de 2026 no constituyeron una ruptura novedosa en la política de la UE, sino más bien una escalada deliberada de un modelo preexistente establecido en noviembre de 2022.
En ese entonces, el Parlamento Europeo adoptó una postura casi idéntica: cortó los contactos diplomáticos directos con los homólogos iraníes e impuso sanciones basadas en gran medida en las narrativas propagadas por grupos “opositores” externos y amplificadas por los medios de comunicación occidentales.
En ese momento, Irán respondió con sanciones simétricas, de represalia, contra instituciones específicas de la UE y legisladores individuales, citando su apoyo deliberado a grupos que incitan a la violencia y el terrorismo.
Las acciones de 2026, especialmente el paso inédito de prohibir físicamente a los diplomáticos iraníes el acceso a las instalaciones parlamentarias, representan un endurecimiento y una intensificación de este enfoque hostil ya establecido.
Esta continuidad indica una estrategia europea persistente de aprovechar los períodos de desafío interno dentro de Irán como oportunidades para aplicar presión política y económica máxima.
También sugiere una orientación de política fija que está en gran medida desconectada de las especificidades de cada incidente, buscando en su lugar acumular costos y tratar de capitalizar los momentos de vulnerabilidad percibidos dentro del Estado iraní.
La repetición de este patrón apunta a un marco adversarial profundamente arraigado que prioriza la presión sobre la diplomacia matizada.
Sanciones estratégicas: Vinculando los disturbios internos con la contención geopolítica
Más allá de las medidas diplomáticas simbólicas, el empuje de políticas en enero de 2026 incluyó propuestas decididas de la Comisión Europea para nuevas sanciones dirigidas a la exportación de tecnologías militares avanzadas de Irán, como drones y componentes de misiles.
La jefa de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, declaró explícitamente que estas medidas estaban diseñadas para mermar la capacidad de Irán para apoyar a sus aliados y, por extensión, degradar su postura defensiva regional.
Esta iniciativa fusionó estratégicamente la narrativa del malestar interno con los objetivos estratégicos occidentales preexistentes respecto al avance tecnológico de Irán y sus asociaciones internacionales.
Las sanciones propuestas sirven a un doble propósito geopolítico: buscan castigar al gobierno iraní bajo el lema de la defensa de los derechos humanos, mientras que simultáneamente avanzan una agenda de contención destinada a reducir las capacidades defensivas de Irán y su papel en las ecuaciones de seguridad regional.
Este vínculo demostró cómo la retórica humanitaria puede ser instrumentalizada para construir consenso a favor de acciones fundamentalmente arraigadas en la realpolitik y la competencia estratégica, complicando aún más la separación de las preocupaciones genuinas por los derechos humanos de las maniobras geopolíticas más amplias.
Armas de protocolo diplomático e información
La decisión del Parlamento Europeo de prohibir a los diplomáticos iraníes acceder a sus edificios constituyó una violación significativa de la práctica y protocolo diplomáticos convencionales, según expertos.
Esta acción, enmarcada dentro del Parlamento como un acto de solidaridad con el pueblo iraní, sirvió como una herramienta política para aislar al Estado iraní dentro de los espacios institucionales europeos.
Según los analistas, busca crear un sistema discriminatorio de dos niveles, en el que los representantes iraníes sean estigmatizados de manera única y se les niegue el acceso que se concede rutinariamente a los diplomáticos de otros países, incluidos aquellos involucrados en guerras prolongadas con un impacto devastador.
Este movimiento, junto con el respaldo acrítico del Parlamento a narrativas falsas y fraudulentas, ha servido para envenenar el ambiente para cualquier diálogo constructivo.
Ha respaldado un ecosistema informativo en el que las afirmaciones de grupos “opositores” con sede en el extranjero son tratadas como definitivas, mientras que las refutaciones basadas en evidencia de las autoridades iraníes son desestimadas a priori.
Este entorno ha hecho imposible una evaluación equilibrada y basada en hechos, asegurando que la posición europea permanezca anclada en una narrativa singular y hostil.
Texto recogido de una art'iculo publicado en Press TV
