Por Xavier Villar
Lo que emerge entre los escombros de escuelas, hospitales y barrios residenciales es algo más inquietante: un patrón operativo en el que la vida civil, en su dimensión más cotidiana, ha sido incorporada de manera explícita a la lógica de la destrucción.
Las cifras hablan por sí solas. Según el Ministerio de Salud de Irán, los ataques han dejado hasta el momento más de 1000 muertos y más de 6.000 heridos. Pero las cifras, por sí mismas, nunca cuentan toda la historia. En el lenguaje tecnocrático de la guerra contemporánea, las víctimas civiles suelen aparecer clasificadas bajo la categoría aséptica de “daños colaterales”, como si fueran el resultado inevitable —aunque lamentable— de operaciones dirigidas contra objetivos militares. Sin embargo, lo que observamos hoy en Irán parece responder a una lógica diferente. Cuando los impactos se repiten sistemáticamente sobre escuelas, hospitales y barrios residenciales, la categoría de accidente comienza a perder credibilidad. La destrucción de la vida civil deja de ser un subproducto de la guerra para convertirse en uno de sus mecanismos.
El caso de la escuela primaria Shajareh Tayyebeh, en la ciudad de Minab, provincia de Hormozgán, se ha convertido en el símbolo más perturbador de esta campaña. El pasado 28 de febrero, mientras las alumnas llegaban a clase, el edificio fue alcanzado por proyectiles. Las imágenes que circularon posteriormente muestran mochilas esparcidas entre los escombros, cuadernos cubiertos de polvo y fragmentos de pupitres mezclados con cascotes. Restos de una rutina escolar convertida en ruina en cuestión de segundos.
Pero más reveladores aún son los testimonios de rescatistas y familiares. Según estos relatos, el ataque siguió un patrón que ya se ha documentado en otros escenarios de guerra contemporánea. Tras una primera explosión que sacudió el edificio, el personal de la escuela intentó evacuar a las niñas mientras padres y vecinos corrían hacia el lugar para ayudar. Fue entonces cuando un segundo impacto devastó lo que quedaba de la estructura.
Esta táctica —conocida como double-tap o “doble impacto”— no responde a un error de cálculo. Su propósito es precisamente golpear a quienes acuden a auxiliar a las víctimas: rescatistas, sanitarios, familiares. Es una estrategia diseñada para convertir el impulso humano de ayuda en un nuevo blanco militar.
El resultado fue devastador. Al menos 165 personas murieron en el ataque. La mayoría eran niñas de entre siete y doce años.
La reacción oficial estadounidense ante esta masacre ha sido, cuando menos, elusiva. El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que las fuerzas de su país “no atacarían deliberadamente una escuela”, añadiendo que el Departamento de Guerra investigaría lo ocurrido. La formulación resulta reveladora: niega la intención sin negar el hecho.
Sin embargo, esta explicación resulta difícil de sostener si se tiene en cuenta el tipo de capacidades tecnológicas que las propias fuerzas estadounidenses e israelíes reivindican constantemente. Ambas potencias han construido buena parte de su narrativa militar en torno a la idea de la “guerra de precisión”: sistemas avanzados de vigilancia, inteligencia satelital, drones de reconocimiento y municiones guiadas capaces —según su propia retórica— de identificar objetivos con un margen mínimo de error.
Cuando se dispone de uno de los sistemas de targeting más sofisticados del planeta, resulta complicado aceptar que un edificio escolar —cuyas paredes están cubiertas de murales infantiles y cuyo funcionamiento es perfectamente conocido por la comunidad local— pueda ser confundido con una instalación militar. En ese contexto, la hipótesis del accidente pierde consistencia. No estamos ante un fallo técnico. Estamos ante una decisión inscrita dentro de una lógica operativa.
El derecho internacional humanitario es inequívoco en este punto. Los Convenios de Ginebra, sus Protocolos adicionales y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establecen una protección explícita para la población civil y para los llamados “objetos civiles”. Las escuelas, los hospitales, las viviendas y los espacios de uso público no constituyen objetivos militares legítimos.
La jurisprudencia internacional ha reiterado además que la presencia hipotética de un objetivo militar en las proximidades de una zona civil no legitima ataques indiscriminados. El principio de proporcionalidad exige que el daño previsible a la población civil no sea excesivo en relación con la ventaja militar anticipada.
En los últimos años, algunos juristas han comenzado a utilizar un término cada vez más presente en los debates sobre violencia armada contemporánea: “escolasticidio”. La expresión alude a la destrucción sistemática de la capacidad educativa de una sociedad mediante el bombardeo de escuelas, la eliminación de docentes o la generación de condiciones que hacen imposible el funcionamiento del sistema educativo. Más allá de las víctimas inmediatas, el efecto es la amputación del futuro de una comunidad.
El ataque contra Minab no es un episodio aislado dentro del actual ciclo de violencia. A lo largo del país se acumulan los indicios de una campaña más amplia dirigida contra infraestructuras civiles.
En Teherán, varios bloques residenciales cercanos a la plaza Ferdowsi han quedado reducidos a escombros. El Complejo Deportivo Azadi, uno de los espacios públicos más emblemáticos de la capital y lugar habitual de encuentro social, ha sufrido daños estructurales significativos. Diversas organizaciones de derechos humanos han verificado informes creíbles de ataques contra al menos siete centros médicos e instalaciones sanitarias.
Mientras tanto, la Media Luna Roja Iraní ha desplegado operaciones de búsqueda y rescate en 153 ciudades del país. La cifra permite dimensionar la escala territorial de la devastación. No se trata de un episodio localizado. Se trata de una geografía del dolor que atraviesa todo el país.
Para comprender la lógica subyacente a este tipo de operaciones resulta útil recurrir al marco teórico desarrollado por la académica Jasbir Puar. En su análisis sobre las formas contemporáneas de violencia estatal, Puar introduce el concepto del “derecho a lisiar” (the right to maim). Frente a las concepciones clásicas de la guerra centradas exclusivamente en la muerte del enemigo, Puar sugiere que ciertas estrategias contemporáneas buscan producir algo distinto: poblaciones permanentemente dañadas, debilitadas o incapacitadas.
La violencia, en este esquema, no se limita a eliminar cuerpos. Se orienta a administrar la vida social bajo condiciones prolongadas de vulnerabilidad. La mutilación, el trauma físico y psicológico, la discapacidad permanente y la destrucción de las infraestructuras que sostienen la vida cotidiana generan sociedades atrapadas en una condición de precariedad estructural.
No se trata simplemente de matar. Se trata de producir formas de vida debilitadas.
Desde esta perspectiva, el bombardeo de hospitales adquiere un significado mucho más amplio. No solo impide atender a los heridos del momento. Compromete la capacidad futura del sistema sanitario. Del mismo modo, la destrucción de escuelas no solo produce víctimas inmediatas: erosiona la reproducción social de la comunidad.
La guerra deja entonces de ser un episodio puntual. Se convierte en una forma prolongada de reorganización de la vida social bajo condiciones de vulnerabilidad permanente.
La reacción internacional ante estos acontecimientos revela, además, las profundas asimetrías que estructuran el orden global contemporáneo. Mientras que los ataques iraníes han sido rápidamente condenados por países como Francia, Reino Unido o Arabia Saudí, la destrucción de una escuela primaria en Irán ha generado respuestas mucho más ambiguas.
En algunos casos, silencio. En otros, declaraciones cuidadosamente formuladas que evitan señalar responsabilidades directas.
Esta doble vara de medir no es una anomalía del sistema internacional. Es uno de sus principios de funcionamiento. El valor político de la vida humana sigue distribuyéndose de forma jerárquica.
El comunicado conjunto emitido por Estados Unidos y varios países árabes del Golfo tras el inicio de las hostilidades ilustra bien esta dinámica. El texto condenaba los “ataques indiscriminados e imprudentes” de Irán contra “territorios soberanos” y reafirmaba la determinación de los firmantes de proteger a sus ciudadanos.
Pero no incluía ninguna referencia a las escuelas bombardeadas, a los hospitales destruidos ni a los niños muertos al otro lado de la línea de fuego.
La jerarquía del sufrimiento quedaba así establecida con absoluta claridad.
El derecho internacional, en su aspiración de universalidad, se enfrenta aquí a uno de sus límites más evidentes. Como ha señalado el jurista Costas Douzinas, la aplicación de las normas en el ámbito global no depende únicamente de su contenido jurídico, sino de las relaciones de poder que determinan quién puede violarlas sin consecuencias.
Estados como Estados Unidos e Israel disponen de una capacidad material y política que, en la práctica, los sitúa por encima de los mecanismos de rendición de cuentas que afectan a otros países. Sus acciones tienden a ser reinterpretadas como “legítima defensa”, “operaciones preventivas” o “necesidades estratégicas”.
Las mismas acciones, realizadas por actores menos poderosos, son rápidamente clasificadas como agresiones o crímenes de guerra.
La consecuencia es una forma de impunidad estructural.
La masacre de Minab, los bombardeos en Teherán y la destrucción de infraestructuras médicas probablemente quedarán sin consecuencias jurídicas significativas. No por falta de evidencia. No por ausencia de normas que prohíban tales actos. Sino por la ausencia de voluntad política para aplicarlas.
Cada vez que un crimen de guerra cometido por una gran potencia queda sin castigo, el entramado normativo que pretendía limitar la violencia armada se debilita un poco más.
Las reglas existen. Pero su aplicación se vuelve selectiva.
Mientras tanto, sobre el terreno, las consecuencias humanas siguen acumulándose.
En Minab, las autoridades locales han anunciado la preparación de 165 tumbas para las víctimas de la escuela Shajareh Tayyebeh. En hospitales de todo el país, miles de heridos continúan recibiendo tratamiento. En los últimos días se han realizado más de 500 intervenciones quirúrgicas de emergencia.
Entre las víctimas mortales hay al menos 180 menores de edad.
El más joven de ellos era un niño de apenas un año que murió en Teherán.
Son cifras que deberían conmover cualquier conciencia. Sin embargo, en el tablero geopolítico global suelen aparecer reducidas a simples estadísticas.
La cuestión que emerge de esta tragedia no es únicamente jurídica ni estratégica. Es, ante todo, una cuestión moral.
¿Qué tipo de orden internacional es aquel en el que la vida de unos niños vale menos que la de otros?
¿Qué tipo de humanidad estamos construyendo cuando el sufrimiento de ciertas poblaciones se normaliza mientras el de otras genera conmoción inmediata?
Mientras estas preguntas sigan sin respuesta, las ruinas continuarán acumulándose, las fosas seguirán abriéndose y la impunidad continuará siendo —como tantas veces en la historia— el verdadero rostro de la guerra.
