Ante la crisis política y la inseguridad, los altos mandos militares ven una oportunidad para asumir más responsabilidades en el Estado. En los círculos castrenses se discute la posibilidad de designar militares en la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Defensa, fortaleciendo su influencia en las decisiones gubernamentales.
Paralelamente, el papel de los militares en las protestas ha generado denuncias ante la Corte Penal Internacional. Diversas ONG de derechos humanos han ampliado su acusación contra Boluarte por la represión ocurrida a inicios de su gestión, que dejó 49 muertos y cientos de heridos.
Las Fuerzas Armadas buscan mayor presencia en el Ejecutivo de Dina Boluarte, mientras su rol en la crisis política genera denuncias internacionales. Este escenario plantea un dilema sobre el creciente protagonismo del Ejército en el gobierno y las denuncias que pesan sobre sus integrantes.
Hasta la fecha, los familiares de las víctimas de las protestas de 2022 y 2023 denuncian que ningún responsable ha sido procesado, señalando una grave negación de justicia.
Perú enfrenta una grave crisis de crimen organizado, y pese a las críticas contra el Ejército, el Ejecutivo insiste en otorgarle un rol clave en la seguridad ciudadana.
Durante el régimen de Fujimori, todos sus ministros de Defensa fueron militares, consolidando su alianza con el Ejército. El resultado: corrupción y graves violaciones a los derechos humanos.
Aarón Rodríguez; Lima.
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